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Denuncian impunidad ante pesca ilegal en Costa Rica

San José. PL. | 21 de Diciembre de 2011 a las 00:00

La organización ambientalista Pretoma denunció este miércoles que el Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca) archivará dos casos de extracción ilegal de camarones en las aguas protegidas del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas Arío.

Ambos expedientes implican a las embarcaciones Sonia J y Luis Guillermo, sorprendidas cuando arrastraban sus redes en la zona, donde las leyes nacionales prohíben operaciones de ese tipo, el 17 de setiembre del 2009.

El delito fue denunciado al �"rgano de Procedimientos Jurídicos Pesqueros de Incopesca, con pruebas como fotografías, videos, posición GPS, y tres testigos, recordó la agrupación ambientalista.

Sin embargo, dos años y nueves meses después, Incopesca informa que el ente ordenó archivar los dos procesos, "por cuanto existen dudas razonablesâ��sobre la veracidad, calibración y certeza de las mediciones realizadas sobre la instrumentación de seguimiento utilizado".

También alegó recelos acerca "de la certeza que esta embarcación se encontrase faenando en el Área del Refugio Nacional de Vida Silvestre Caletas Arío", refiere el diario El País.

La entidad estatal dejó a merced del Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones y al Tribunal Ambiental Administrativo la definición del caso.

El representante de Petroma, Randall Arauz, aseveró que "las violaciones a la Ley de Pesca por parte de la flota camaronera nacional son constantes y perversas".

El abogado defensor de los camaroneros que violan la ley es Álvaro Moreno, otrora empresario del sector y miembro de la Junta Directiva de Incopesca, por lo que "no es de extrañar que estas denuncias nunca terminan en sanciones", expresó.

Por su parte, el consultor de Pretoma y testigo de la operación ilegal en la denuncia interpuesta, Erick López, cuestionó que pese a las pruebas irrefutables y a la convocatoria a dos audiencias, Incopesca tardó casi tres años en desestimar el caso.

De ese modo, la entidad estatal mostró la falta de voluntad política de la institución en hacer cumplir la ley, a juicio de López.

 


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