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Las maras al acecho de estudiantes en San Salvador

Por Lorena Baires, diario La Opinión, de Los Ángeles, California. | 18 de Marzo de 2007 a las 00:00
Como parte de su rutina, las pandillas se acercan todos los días al Centro Escolar Joaquín Rodezno, en el centro de la capital salvadoreña. Esmeralda Yesenia A. les teme y se protege tras las barandas del portón de entrada. Sabe que los mareros no pueden ingresar. "Los veo pasar y ellos se paran frente mi escuela, esperan a otros niños para pelear. Manchan las paredes y se se hacen señales con las manos", explica esta niña que cumplirá ocho años. Este centro de estudios es uno de las 180 escuelas públicas que están bajo riesgo social y violencia juvenil, según un estudio del ministerio de Educación (Mined) y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). La mayoría de estas instituciones están en las zonas metropolitanas del departamento de San Salvador, conformado por 19 municipios y una población de 2,260,894, según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (Digestyc). En la capital hay unas 348 escuelas. Pero de ellas, una parte funciona bajo la amenaza de ventas ilegales de armas, drogas, prostitución y pandillas. Para tener un ejemplo del problema, cerca de una escuela instalada sobre la alameda Juan Pablo II y la calle Celis hay 35 prostíbulos, tres cervecerías y un punto de venta de drogas. Este ejemplo llama la atención a partir de una investigación realizada por la Policía Nacional Civil (PNC) entre 2004 y 2005. Pero quizá de todos estos problemas el que más preocupa a las autoridades es el de las pandillas. Y para reducir el riesgo de caer bajo la influencia de estos grupos sociales, se han creado varios programas de asistencia. Uno de ellos se llama Escuelas Efectivas y Solidarias, del Mined, que busca mejorar el clima de convivencia de los alumnos a través de capacitación para solucionar conflictos y propuestas de solución. La PNC, por su parte, ha implementado el plan Escuelas Seguras, a través del que se realizan patrullajes constantes en las escuelas donde haya presencia de pandillas, distribuidores de drogas o centros de tolerancia. Además, se imparten charlas a alumnos, maestros y padres de familia acerca de estos factores de riesgo. El investigador Miguel Cruz, del Instituto de Opinión Pública de la UCA (IDUCA), señala en su más reciente libro Maras y pandillas en Centroamérica, que el posible reclutamiento de alumnos, por parte de jóvenes pandilleros, no se puede comprobar en todos los casos. "Aunque los estudios que se señalan no establecen una relación mecánica entre pandillas y estudiantes, vale la pena destacar que la cada vez mayor influencia pandilleril que algunos centros educativos tienen, podría volver más compleja la dinámica de la violencia juvenil ejercida desde las escuelas", apunta Cruz. El problema se complica debido a la falta de información precisa sobre cómo crece y se desarrolla este fenómeno. El tema de las maras ha sido investigado con seriedad desde hace una década. De forma oficial y extraoficial, se manejan varios números que cuantifican el movimiento. Así, se encuentran cifras que van desde 10 mil hasta 40 mil jóvenes organizados en pandillas. En cuanto al número de estudiantes que se unen a estas agrupaciones, aún no se tiene una cifra precisa. Cinthya Márquez, directora de la Asociación Scouts de El Salvador y parte del programa del Mined, asegura que para tratar de combatir el acecho de las pandillas a los estudiantes se debe partir del principio de confianza. "Tuvimos un grupo donde había pandillas rivales. Pero les enseñamos a hacer tregua y resolver sus diferencias con diálogo. Muchos de ellos, ni siquiera saben el origen de la rivalidad entre las pandillas", explica. Sin embargo, este principio de igualdad con el que operan los Scouts, contrasta con el implementado desde el gobierno central. Los planes Mano Dura y Súper Mano Dura, lanzados en los últimos años, buscan reprimir a los muchachos y muchachas que forman parte de este fenómeno. Estos programas, incluso, derivaron en la creación de la Ley para el combate de las actividades delincuenciales de grupos y asociaciones ilícitas. Esta norma se aplica a las personas mayores de 12 años en el territorio nacional. Por ejemplo, dentro de la ley se incluye como delito la sola pertenencia a las maras, castigada con prisión de tres a seis años. La PNC ha capturado más de 15 mil mareros desde la entrada en vigencia de esta ley. Este tipo de medidas y otras más contempladas en esa ley han hacinado los centros penales de El Salvador. Incluso, las autoridades de la Dirección de Centros Penales habíán distribuido a los pandilleros según la mara a la que pertenecen. En el penal de Quezaltepeque sólo estaban recluidos pandilleros de la Mara Salvatrucha. Por ejemplo, el año pasado, Estados Unidos deportó más de 7,000 pandilleros salvadoreños, de los cuales unos 2,000 tienen antecedentes penales por comercio de drogas, asaltos, robos y agresiones sexuales. Esto representa un aumento del 63% de personas enviadas por antecedentes penales: de 2,983 en 2006 a 1,827 en 2005, según información oficial. Estos datos chocan con la realidad salvadoreña y el hacinamiento en las cárceles del país. El mismo libro del IDUCA revela que, hasta 2005, la Dirección de Centros Penales registraba 3,566 pandilleros. Pero el ministerio de Gobernación aseguraba el número no sobrepasaba los 15,000. Para abordar estos problemas que afectan no sólo a las escuelas de El Salvador, sino a la población en general, el gobierno de la Alianz Republicana Nacionalista (ARENA) creó los planes Mano Amiga y Mano Extendida, cuyos programas los coordinaría la Secretaría de la Juventud de la presidencia. El plan Mano Amiga previene que los jóvenes en riesgo social se involucren en acciones violentas. Mientras que Mano Extendida, ofrece a los jóvenes vinculados a pandillas varias alternativas de reinserción a la sociedad. Pero a este proyecto sólo pueden acceder los muchachos que han dado muestras de haber dejado las maras y la violencia. Es por esto que ambos programas tienen un alcance limitado y no responden a la magnitud del fenómeno. Las organizaciones no gubernamentales también implementan proyectos para combatir la delincuencia y la inseguridad que generan las pandillas. Se han identificado 16 asociaciones que intervienen en el problema y ayudan a los jóvenes a reincorporarse a la vida estudiantil o laboral. Sandra Rivas es madre de un adolescente que recién se salió de las maras y asegura que no siente temor de que su hijo esté cerca de la violencia. Ella ha notado cambios: "Ahora propone soluciones a sus problemas, incluso cuando pelea con sus hermanos". Pero este joven pertenece al reducido grupo de 15,203 alumnos de escuelas públicas que se benefician con el proyecto del Mined. Sin embargo, de los 180 centros escolares identificados en el estudio, este año se atendieron 40. Es decir, 144,946 adolescentes se quedaron fuera. Este programa lanzado a inicios de 2006, recibirá menos fondos este año. De 2.5 millones de dólares que asignó el gobierno de El Salvador el año anterior para atender a 23 entidades, hoy sólo entregará 1.7 millones, para 40 centros. Esta noticia se conoció a finales de febrero, cuando organizaciones como la UNESCO dijeron al gobierno que realiza "poca inversión pública" en educación. En este momento, el ministerio de Educación espera que la Asamblea Legislativa apruebe un paquete de préstamos, a través del que se destinarían 15 millones de dólares para disminuir los problemas de violencia estudiantil. La directora de Juventud del Mined, Silvia Martínez, explicó que esperan la aprobación de un préstamo por 13,696,397 dólares. "Como los préstamos no han sido aprobados, se está atendiendo parcialmente a los centros educativos con limitados fondos GOES. Esto implica priorizar las acciones implementadas en los centros. Por lo tanto nos queda siempre un déficit en las áreas del modelo".

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