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Ola de violencia delictiva alarma en Costa Rica

Agencia AFP y diario La Nación, de Costa Rica. Desde San José. | 24 de Marzo de 2007 a las 00:00
La creciente criminalidad que afecta a Costa Rica podría salirse de control por lo que urge elaborar un plan para modernizar las leyes y contener la violencia, advirtieron las máximas autoridades del Gobierno y de la Corte Suprema de Justicia. "Tenemos que hacer algo de emergencia, alguna reforma legal con criterios de jueces y de nuestros ministros. No podemos seguir con esta escalada de violencia porque todos sentimos temor de que esta ola de violencia se nos salga de las manos", afirmó el presidente Oscar Arias. El pasado miércoles, una banda de delincuentes asaltó la casa del ex candidato presidencial Ricardo Toledo, del opositor Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y dio muerte a una trabajadora del servicio doméstico y a un vecino que intentó dar la voz de alarma a las autoridades. Un día después fue asesinado un empresario cuando salía de retirar el equivalente de unos 3,000 dólares de una agencia bancaria, y el viernes fue muerto a tiros un joven de 22 años a quien los delincuentes pretendían robarle sus zapatos tenis. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, admitió que la legislación penal costarricense está desactualizada y que otorga excesivas garantías en favor de los delincuentes, pero que desprotege los derechos de las víctimas. Mora dijo que las leyes están desactualizadas. "La estructura legal actual respondía a una realidad social distinta. La sociedad tiene que entender que los jueces tenemos límites en la ley (...) Los jueces no podemos ignorar esa legalidad", señaló ayer Mora en la inauguración del Año Judicial. El magistrado propuso un plan de ley que permita proteger a las víctimas y testigos. "Si nos hemos preocupado por fortalecer los derechos del imputado, más obligados estamos a tutelar los derechos de los ciudadanos". El ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, coincide en que el país requiere cambios para enfrentar la ola de crímenes violentos. "Tenemos que presentar algo de emergencia, alguna reforma legal con criterios de jueces y de nuestros ministros. No podemos seguir con esta escalada de violencia. Hay que hacer algo ya, porque todos sentimos temor de que esta ola de violencia se nos salga de las manos", dijo Arias. Consultado sobre por qué ahora, tras el ataque a la casa de un político, se enciende la alarma, Rodrigo Arias respondió: "No, desde hace tiempo sentimos una escalada de violencia". El fiscal general, Francisco Dal'Anese, coincidió en que es necesaria una reforma al Código Procesal Penal y recordó que el Congreso tiene congelado un proyecto con ese propósito desde hace varios años. Además, aseguró que son necesarios mas policías preventivos y de investigación para frenar la ola de delincuencia, de los contrario "el país se nos irá de las manos", expresó. Dal'Anese aseguró que el asalto a la casa de Toledo tuvo más repercusión en la prensa por tratarse de un político notorio, pero que no se trata de una situación aislada. "Casos similares a éstos ocurren casi todos los días; la verdad es que estos delitos, con formas de extrema violencia se vienen incrementando desde hace varios años", advirtió. En medio de la agitación que estos hechos de violencia provocan en el país, las autoridades tienden a responsabilizarse unas a otras de la falta de severidad con que se reprime el delito. Los jerarcas de las policías administrativa y judicial se quejan de que los jueces abusan de su discrecionalidad para conceder libertades condicionales a pesonas con amplios expedientes delictivos, que han sido sorprendidos "in fraganti". Los jueces aseguran que con frecuencia los partes judiciales son mal elaborados y no tienen más remedio que dejar a los sospechosos en libertad, pues la ley no les autoriza a hacer lo contrario. Diversos sondeos de opinión reflejan que el sentimiento de inseguridad ha crecido fuertemente en Costa Rica, al punto de constituirse en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, no obstante que este país no se encuentra en los que exhiben los mayores índices de criminalidad en Centroamérica.

Policías irresponsables

Autoridades judiciales criticaron que los policías expusieron ante unos ladrones a la empleada doméstica de Ricardo Toledo, Ligia Hernández, asesinada cinco días después de denunciar a dos hombres que intentaron robar en una casa vecina, en Pavas. Ella fue identificada por los ladrones, quienes la amenazaron. Las autoridades judiciales descartaron que ellos mismos la hayan matado, pero investigan un posible nexo con los asesinos. "Siento que la vendieron", dijo Toledo. En el incidente también murió el peruano Wender Bohl, un vecino quien intentó enfrentar a los asaltantes. Aunque esos hampones no son los mismos que la noche del miércoles asesinaron a Ligia Hernández Alvarado en la casa del dirigente político, la Policía Judicial (OIJ) investiga si existe alguna conexión entre los grupos. El viernes 9 de marzo, Hernández sorprendió a dos hombres en el techo de una vivienda cercana cuando salió a hacer compras en una pulpería. La servidora doméstica llamó desde el teléfono de la familia Toledo al sistema 911 para dar la voz de alerta. Dos policías de la delegación de Pavas, de apellido Durán y Chinchilla, sorprendieron a unos sujetos –de 17 y 18 años– cuando sacaban una computadora portátil por un boquete en un techo. La máquina, marca Toshiba y valorada en $1.700, pertenecía al estadounidense Harold Dodt, quien no estaba en la residencia. Las versiones que hay acerca de lo ocurrido después de la captura son contradictorias. Delroy Hernández, jefe policial de Pavas, asegura que los hampones vieron a la empleada cuando esta se acercó a presenciar el arresto. "Llegaron varios curiosos. Esa señora se asomó en el momento en que los oficiales montaban a los sujetos en el cajón. "Uno de ellos se volteó y le dijo algo así como: ‘esta fue la vieja sapa (delatora)’. No es cierto que los policías se los llevaran para que ella los reconociera", dijo el jefe policial. Toledo rechazó esa versión, al tiempo que señaló a los agentes policiales por "exponer" a la trabajadora. "Fueron ellos quienes llamaron a la puerta de mi casa para que ella los reconociera; de eso es testigo el guarda (vigilante del barrio). "Siento que la vendieron. Incluso, ella le comentó a su marido que estaba asustada. Ese reconocimiento no era el idóneo", puntualizó Toledo. El director del OIJ, Jorge Rojas, reconoció que ese hecho es investigado. "Estamos claros que no son las mismas personas (que cometieron el homicidio). "Tenemos que determinar cómo es que ellos (los sujetos) se enteraron de que ella (Hernández) fue quien llamó a la Policía, así como el asunto de la amenaza", dijo Rojas. El ministro, Fernando Berrocal, también abrió una pesquisa. "Me parece que si lo hicieron de esa forma, fue por ingenuidad", comentó. Procedimiento. Aunque Jorge Rojas no hizo referencia al caso de Toledo, sí explicó que el reconocimiento de un delincuente se lleva a cabo en presencia de un fiscal y un juez, en una sala especial. "Por razones de seguridad, la persona ve al delincuente a través de un vidrio. Llevarlo adonde la víctima, acabado de cometer el delito, es viciar de nulidad (malograr) todo el proceso", explicó.

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