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Inicia nuevo juicio contra acusados de masacre durante conflicto armado en Guatemala

Ciudad Guatemala. Agencia PL. | 14 de Marzo de 2012 a las 00:00

Un nuevo juicio contra acusados por una masacre cometida en Guatemala por el Ejército durante el conflicto armado interno (1960-1996) comienza este miércoles.

Esta vez son cinco los imputados por su presunta intervención en 1982 en el crimen colectivo de 256 habitantes de la comunidad Plan de Sánchez, central departamento de Baja Verapaz.

Cuatro de ellos eran entonces miembros de la extinta agrupación paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil y el otro comisionado militar, cargo dado por la institución castrense a ciudadanos que colaboraban en la lucha antiguerrillera.

La primera vista oral y pública del proceso será este miércoles en un tribunal de mayor riesgo, donde se ventilará la causa por los delitos de asesinato y deberes contra la humanidad.

De acuerdo con lo divulgado, serán alrededor de 20 los testigos y cinco los expertos citados a declarar a favor de la fiscalía para detallar cómo sucedió aquella matanza, violaciones de mujeres y torturas el 18 de julio de 1982.

En esa época gobernaba de facto Efraín Ríos Montt, sujeto ahora a juicio por genocidio pues durante su mandato (1982-1983) el ejército perpetró varias de las muchas matanzas como parte de la política de tierra arrasada para acabar con la insurgencia y sus bases de apoyo.

Para respaldar su acusación, el Ministerio Público asegura poseer pruebas aportadas por 47 sobrevivientes de aquella acción criminal, así como medios de identificación de las víctimas por análisis de ADN realizados.

Hace menos de 48 horas un tribunal de la misma categoría sentenció a seis mil 60 años de privación de libertad a un otrora integrante de los kaibiles, grupo de elite del Ejército, por su implicación en otra masacre.

Esa fue la ocurrida con 201 pobladores de la comunidad indígena de Dos Erres, en el norteño departamento de Petén, en diciembre del mismo año a la de Plan de Sánchez.

Por la de la aldea petenera fueron condenados el pasado año cuatro otrora militares a idéntica pena, 30 años por cada víctima y 30 más por deberes contra la humanidad, aunque en realidad serán 50 como sanción máxima establecida en el código penal de este país.

De las matanzas de ese tipo confirmadas por una denominada Comisión de la Verdad durante el conflicto bélico, la mayoría ocurrió cuando gobernaban los generales golpistas Ríos Montt y Oscar Mejía Víctores, este último de 1983 a 1986 tras derrocar al primero.

 


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