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Campesinos ticos desamparados ante pasividad de Gobierno

Los Chiles, Alajuela. Elpais.cr | 2 de Abril de 2012 a las 00:00

Mientras unos se preparan para la celebración de los días santos, otros son condenados a la postergación. Las más de 300 familias desalojadas el pasado domingo, por orden judicial, de la finca "Los Naranjales Holandeses" de Medio Queso de Los Chiles, continúan sufriendo el horror del desplazamiento, la hambruna y la ira que produce el observar las tapias desnudas de sus casas abrasadas.

Los poderes judiciales otorgan las ayudas a terceros, y, en consecuencia, la comunidad pobre se convierte en una agrupación violentada y aniquilada. Ante ello, según el sector campesino, el Gobierno calla.

Alvarito, así conocido coloquialmente al líder del Comité Campesino, junto con varios de sus compañeros de lucha, se apersonó en Ciudad Quesada para alzar la voz y demostrar que se está cometiendo un serio atropello contra sus derechos y, un atentado contra la vida de 300 familias que, incluyen alrededor de 500 niños.

Al mismo tiempo, se defendió de las acusaciones recibidas y, nombró culpables. "Nos llaman precaristas pero, no lo somos. Tenemos una negociación abierta con el Instituto de Desarrollo Agrario, IDA, y con los verdaderos dueños", señaló.

Y, es que, elpais.cr pudo observar un documento, firmado por el representante legal del propietario legítimo de las tierras, en el que dice que "Naranjales Holandeses propone al IDA la venta de la finca para que ésta sea valorada para las familias campesinas ubicadas en el área".

Por su parte, Humberto Quesada, representante de Naranjales Holandeses, mantiene la posición de antaño. "Estamos dispuestos a ayudar al sector campesino pero, siempre y cuando no infrinjan la orden de desalojo interpuesta por un Juez. Estamos abiertos al diálogo y a recibir al Comité de campesinos para buscar una salida", confesó.

La opción de prestar la tierra para el cultivo está descartada pero sí, mientras la oferta con el IDA siga vigente, están comprometidos a conformar un proyecto de desarrollo que permita a los campesinos recaudar fondos para recuperar las tierras.

Sin embargo, Elmer Varela Rojas, en su condición de Fiscal Auxiliar de Los Chiles, parece no estar dispuesto a ofrecer las tierras tan fácilmente, a pesar de no tratarse del propietario legítimo de las mismas. Para ello, ha contratado seguridad privada y seguridad pública, presidida por Alan Rolando, Jefe de la Fuerza Pública de la Zona Norte, para su seguridad personal. Y es que, la finca se encuentra totalmente acorralada por policías tanto públicos como privados y, en sus guanteras y bajo escondite, portan armas de grandes dimensiones.

"La Fuerza Pública y los chapulines nos increpan constantemente e, incluso hemos recibido amenazas contra nuestra integridad física. El día del desalojo nos cayeron 400 antimotines, golpearon e hicieron prisioneras a las mujeres, quemaron los ranchos y, violentaron la psicología y estabilidad de los niños", apuntan los campesinos. Y, destacan la influencia de Elmer Varela para con el Gobierno y el funcionariado público, ya que los centros educativos han prohibido el acceso de los niños a la enseñanza por tacharles de precaristas. Además, en pocos días podrían ser expulsados de las vías donde se localizan por supuesta obstaculización.

El alcalde de la municipalidad, Álvaro Solano, tampoco presta ayuda y tira balones fuera de su tejado, por considerar que el asunto no es de su competencia ya que "la zona en cuestión fue declarada ruta nacional". De todos modos, confiesa que la municipalidad goza de pocos recursos y, "sería difícil poder aportar, a pesar de sentir pena por la situación".

Por otro lado, los sacerdotes de la parroquia de Los Chiles tampoco parecen contar con muchas facilidades, y, se dedican a acompañar moral y espiritualmente a los campesinos. "Nosotros como sacerdotes visitamos la zona, animamos e intentamos que el grupo permanezca unido", resaltaron.

El sector campesino tampoco cuenta con el respaldo legal. Elmer Varela, junto con su representante legal, Ronald Córdoba, amparado por un voto agrario y un previo contrato arrendatario para el cultivo de las tierras, ha presentado cantidad de recursos en contra del sector, por motivos varios. En primer lugar, en presencia de la representante del Ministerio Público, Karla Rodríguez Oviedo, interpuso recurso por delito de usurpación, que dictó sentencia en su favor y obligó a desalojar al sector campesino. Posteriormente, aportaron recurso por delito de desobediencia a la Autoridad Pública y, seguidamente, realizaron petitoria para proceder a la prisión preventiva de los campesinos, causa que perdieron.

Por su parte, el representante legal de los campesinos, José Francisco Masis Mata, denunció la realización de una actividad procesal defectuosa, "por violación del principio de legalidad, de objetividad, de igualdad, de imparcialidad y de transparencia por parte del Ministerio Público".

Al mismo tiempo, Masis formalizó otro recurso contra la resolución por parte del Tribunal Agrario de San Carlos que concedió voto agrario a Elmer Varela por considerar que, "no existió una debida individualización de las propiedades que se quieren restituir ni de las personas que se pretenden desalojar, por lo que no cuenta con la debida sustentación violentando el debido proceso y el derecho de defensa de los representados". Sin embargo, el Poder Judial no acogió la Actividad Procesal Defectuosa presentada.

Ante dicha situación, el Gobierno no ha tomado cartas en el asunto. Tampoco el IDA se ha pronunciado al respecto ni la Defensoría de los Habitantes. Así, los campesinos continúan a la intemperie.

 

 


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