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Torrijos intenta controlar la violencia en Panamá

Por Carlos Estrada Aguilar, diario Crítica, de Panamá. | 1 de Abril de 2007 a las 00:00
Cuando ya la mandataria Mireya Moscoso estaba en los meses finales de su gobierno puso en marcha el plan "Mano Dura" para frenar los índices de criminalidad que se habían disparado a mediados del 2004. Como cada maestrito trae su librito, el entrante presidente Martín Torrijos anunció con bombos y platillos la "Mano Amiga". Parece que los delincuentes mordieron la "mano amiga" que el gobierno les tendió. El incendio en Curundú, provocado por pandilleros, puso fin a la pasividad con que el gobierno administraba el tema de la seguridad. El tema es sin duda el Talón de Aquiles de la gestión del presidente, Martín Torrijos. El mandatario afirmó que "el Estado panameño va a enfrentar, unido, el escalamiento de la delincuencia". Las debilidades pretenden ser corregidas con la "Cruzada Contra el Crimen" que plantea reformas a las leyes migratorias, aumento de penas para criminales adolescentes y cambios en normas judiciales para la investigación de delitos, que serán presentadas en la Asamblea Nacional a más tardar mañana lunes. La política de seguridad ha sido zigzagueante, a tal punto que ha sido denominada en cuatro formas diferentes: Mano Amiga, Plan Integral de Seguridad (PIS), Programa de Seguridad Integral (PROSI) y ahora Cruzada Contra el Crimen. El concepto de "Mano Amiga" fue puesto en ejecución el 27 de septiembre del 2004. La intención del gobierno era anteponer programas de resocialización y recreación al modelo represor contra el delincuente, lo que en la práctica falló. "Con Mano Amiga estamos previniendo antes de reprimir, inculcando valores, dando opciones y convocando a la comunidad, antes de permitir que sean presas de las bandas y de las redes de narcotraficantes", dijo Torrijos durante el anuncio hace dos años. La evolución de la política de seguridad siguió en septiembre con la ejecución del PROSI que costó al Estado B/.25.1 millones que son financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en más del 90%. El gobierno aporta unos B/.2.4 millones en desembolsos fijos hasta completar cinco años. Los fondos darán cobertura a 448, 958 jóvenes de alto riesgo de los municipios mencionados, principalmente entre edades de 12 y 29 años. El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en los municipios de mayor incidencia de la violencia. En el estudio: "La Caracterización y Magnitud de la Violencia en Panamá", financiado por el BID a finales del 2005, se evidenció que el fenómeno es predominantemente urbano y se concentra en tres provincias: Panamá, Colón y Chiriquí. En registros de la Policía Nacional se indica que el 70% del total de homicidios del país fueron en Panamá, el 11% en Colón y el 6.5% en Chiriquí. Otro estudio ejecutado durante el diseño del Programa para analizar el problema de las bandas juveniles, realizó entrevistas a miembros de estos grupos identificando que el perfil que los caracteriza es ser: jóvenes en edades entre 13 y 25 años, no escolarizados y desempleados. También se identifican como los principales problemas: consumo y venta de drogas, consumo de alcohol, posesión de armas, el robo a mano armada, las disputas territoriales, actividad sexual a temprana edad y condiciones de vida precarias.

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