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Piden al arzobispo continuar con trabajo humanitario en El Salvador

Agencia AFP. Desde San Salvador. | 3 de Abril de 2007 a las 00:00
Diferentes organizaciones demandaron este martes al arzobispado de San Salvador continuar con el trabajo humanitario de la oficina de Tutela Legal del Arzobispado, tras la muerte de su directora, María Julia Hernández. La petición al arzobispo Fernando Sáenz para que Tutela Legal prosiga con su trabajo fue formulada por la denominada Concertación por La Paz, La Dignidad y la Justicia Social, que aglutina a diferentes organizaciones sociales. "Consideramos que el mejor homenaje que podemos rendir a María Julia Hernández es el de renovar nuestro compromiso por lograr el pleno respeto y goce de los derechos humanos en El Salvador, tarea que pese al camino recorrido, aún constituye una agenda pendiente", consignó la Concertación en una carta a monseñor Sáenz. Subrayó que Tutela Legal "debe fortalecerse y potenciarse aún más desde la iglesia, que con una acertada visión creó esta oficina hace hace 25 años y, en memoria de María Julia y lo que ella representa, continuar su ardua labor, en el espíritu y el acompañamiento al pueblo sufrido buscando verdad, justicia y reconciliación". Por su parte, la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro Memoria Histórica, puntualizó que "el mejor homenaje que le podemos rendir a su memoria (la de María Julia) y a su legado, es nuestro compromiso por continuar la lucha a la ella se entregó en cuerpo y alma". En tanto, la rectora de la Universidad de El Salvador (UES), María Isabel Rodríguez, se pronunció porque la vida "ejemplar" y el "compromiso social" de la María Julia prosiga "iluminando nuestro camino hacia otro mundo posible". El lunes, centenares de salvadoreños participaron en los funerales de la legendaria defensora de los derechos humanos, considerada "la madre de las víctimas", quien falleció el viernes. Hernández, con respaldo del extinto arzobispo Arturo Rivera, fundó la oficina de Tutela Legal el 3 de mayo de 1982 para atender las centenares de denuncias de violaciones a los derechos humanos que se cometían en lo más crudo de la guerra civil (1980-1992). En virtud que las instituciones del Estado renunciaron a investigar las atrocidades de la guerra, Tutela Legal tomó la iniciativa, investigó y documentó, entre otros hechos violentos, la masacre de más de mil campesinos, cometida por el ejército entre el 11 y 13 de diciembre de 1981, en El Mozote, Morazán, unos 200 km al noreste de San Salvador. También registró las masacres de El Sumpul, el Barrío y la Quesera, entre otras, cometidas por batallones del ejército contra campesinos que vivían en zonas de influencia guerrillera.

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