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Elecciones en Guatemala, millonario negocio

Agencia PL. Desde ciudad Guatemala. | 16 de Abril de 2007 a las 00:00
La campaña electoral guatemalteca, desarrollada hoy a toda marcha aún sin haberse convocado, significa un derrame a la economía de decenas de millones de dólares entre lo que gastan el gobierno y los partidos políticos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó un tope de 42 millones de quetzales -unos 5,5 millones de dólares- a cada uno de los 20 partidos políticos participantes en el proceso. Sin embargo, los candidatos de las agrupaciones con mayores recursos económicos desembolsan mucho más, si se toma en cuenta que sólo el día de los comicios pueden llegar a gastar entre uno y tres millones de dólares en traslado de votantes, comida y salarios. Según datos del diario El Periódico, la mayor parte del dinero se va en propaganda en beneficio de agencias publicitarias, empresas de televisión, radio y prensa escrita, así como fabricantes de gorras, camisetas y otro tipo de objetos. Durante las elecciones de 2003, la erogación en este rubro fue de casi 65 millones de dólares, a los cuales habría que sumarles ahora por lo menos el 20 por ciento de la inflación acumulada durante los últimos cuatro años. Además, están los costos de organización y movilización durante las asambleas municipales, departamentales y nacionales, así como en los mítines organizados por los candidatos en todo el territorio nacional. Pero también el gobierno invierte importantes sumas de dinero en la realización de los comicios, una parte del cual viene del Presupuesto General de la Nación y otra de donaciones de la comunidad internacional. Para este evento, el TSE recibió ya 54 millones de dólares para capacitación de personal, compra de equipos de cómputo, vehículos y la instalación de 15 mil mesas receptoras de votos. La gran cantidad de recursos movilizados por los partidos políticos durante el proceso es motivo de preocupación entre distintos sectores sociales porque no existen reglas claras sobre la declaración del origen de los fondos, ni de su fiscalización. Esto puede dar lugar a que el crimen organizado financie a algunos políticos para impulsarlos a cargos públicos y mantener su influencia en distintas instituciones del Estado. En los comicios de septiembre próximo se elegirán al presidente y vicepresidentes, alcaldes, diputados y corporaciones municipales.

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