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Organizaciones campesinas de Honduras suspenden protesta e inician negociación

Managua. Adital. | 13 de Agosto de 2012 a las 00:00

Unos 200 representantes de diferentes organizaciones campesinas(1) del Valle del Aguán y de la zona norte de Honduras, suspendieron su protesta y levantaron el campamento que hace una semana habían instalado en la capital frente al Congreso Nacional.

En un comunicado difundido el miércoles pasado (8/8), las organizaciones anunciaban la decisión de iniciar una protesta indefinida, exigiendo a los diputados la instalación de una mesa de negociación para discutir y buscar una solución definitiva a los graves problemas estructurales que afectan al campesinado hondureño.

Entre otros, exigían la derogación de la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola y la aprobación de una ley de transformación agraria integral, cuyo proyecto fue entregado a los diputados hace un año, el cese de la represión, de los desalojos forzosos y violentos y del acoso judicial en contra de las familias campesinas.

Igualmente, las organizaciones pedían el cumplimiento de los acuerdos firmados en 2010 entre el Movimiento unificado campesino del Aguán, Muca, y el régimen de Porfirio Lobo, y la derogación del decreto que hace una semana reformó la Ley de Armas.

"Aguantamos sol y agua, pero logramos dar un primer paso muy importante, ya que los diputados aceptaron la agenda que llevábamos y conformaron una comisión que se reunirá con nosotros", dijo a la LINyM, Vitalino Álvarez, vocero del Muca.

Según Álvarez, las organizaciones campesinas decidieron dar un voto de confianza a los legisladores, quienes conformarán una comisión especial que se reunirá con ellos el próximo martes (14/8), para continuar analizando y discutiendo las demandas del movimiento campesino hondureño.

"Nuestras demandas apuntan a una solución integral de la problemática agraria y de las causas que han originado este grave conflicto, que ha dejado un saldo de decenas de muertos, heridos y compañeros enjuiciados injustamente.

Queremos que cese la represión, la persecución, el hostigamiento y las campañas de desprestigio contra las organizaciones campesinas. Queremos tener un marco jurídico que de verdad regule el tema del acceso a la tierra y rompa el acaparamiento y la concentración de las tierras en pocas manos", aseveró el vocero del Muca.

En el marco del conflicto agrario del Bajo Aguán, ya son 52 los campesinos organizados asesinados en menos de tres años, decenas los heridos y un campesino desaparecido.

Las organizaciones que conformaron la Misión internacional de verificación del estado de los derechos humanos en el Bajo Aguán y que, en mayo pasado, desarrollaron un Audiencia Pública en la ciudad de Tocoa, departamento de Colón, aseguran que ante esta violencia y represión la respuesta de las instituciones ha sido nula y la impunidad sigue reinando tanto en el Valle del Aguán como en el resto del país.

Álvarez alertó sobre los peligros que se ciernen sobre las familias campesinas del Bajo Aguán a raíz de la decisión del Congreso de decretar una desarme "selectivo" en el departamento de Colón. Ese decreto las estaría exponiendo aún más a los actos criminales supuestamente perpetrados por los guardias de seguridad privada de los terratenientes y productores palmeros de la zona.

Finalmente advirtió de que en ningún momento están abandonando la demanda presentada recientemente de conformar una mesa de diálogo, integrada por los diferentes poderes del Estado y los grupos campesinos.

"Lo que se está dando hoy es un primer paso de un proceso que va a ser muy largo y complicado, y que hemos logrado encausar a base de presión ante la falta de voluntad de las instituciones. Un primer paso que no es un cheque en blanco.

Levantando el campamento estamos demostrando que queremos dialogar y solucionar pacíficamente la grave problemática agraria que afecta al país, y mantenemos la exigencia de instalar una mesa amplia de diálogo con todas las instituciones", manifestó Álvarez.

El vocero del Muca expresó también no poder garantizar que se detengan las acciones de recuperación de tierra, ya que "hay miles de familias que viven en pobreza extrema, que exigen justicia y que reclaman su derecho a la tierra. Estas familias se están organizando por su propia cuenta, de acuerdo a las necesidades y a la coyuntura que se da en las diferentes zonas del país", concluyó.

 


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