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Sindicatos acuden al TSE de Costa Rica para exigir equidad en referéndum

Agencias AFP, DPA y ACAN–EFE. Desde San José. | 19 de Abril de 2007 a las 00:00
Dirigentes de sindicatos y organizaciones sociales de Costa Rica acudieron este jueves ante la sede del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para exigir que en el referéndum sobre el tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos se garantice la equidad. "Hemos venido para entregar un documento en el que fijamos nuestra posición sobre el referéndum y para exigir igualdad en todos (sus) procesos", declaró a la AFP el economista de la Universidad Nacional, Henry Mora, uno de los principales dirigentes anti TLC. Es necesario que se garantice la "equidad", en todas las áreas como en lo que respecta a la materia propagandística, dijo Mora. El TSE decidió autorizar el pasado 13 de abril la recolección de firmas de un referéndum de "iniciativa ciudadana", solicitado por el ex candidato presidencial opositor José Miguel Corrales. Un día después, el gobierno de Oscar Arias, que hasta entonces rechazaba la posibilidad de un referéndum, pidió la realización de un referéndum "ejecutivo", avalado por el Congreso, que se realice en un plazo de tres a cuatro meses, y no a un año como el de "iniciativa ciudadana". Una vez que el decreto ejecutivo llegue al TSE, que será en menos de un mes, según el gobierno, el tribunal deberá decidir cuál de las dos solicitudes avala, o si, como piensa Corrales, se debe esperar hasta tener las firmas y unir las dos propuestas. Para que el referéndum sea vinculante se requiere la participación de al menos el 30 por ciento del padrón electoral, que en la actualidad tiene un total de poco más de dos millones de ciudadanos. Los dirigentes marcharon hacia el tribunal, donde insistieron en la necesidad de que la sala IV dictamine si el tratado tiene o no vicios de inconstitucionalidad, antes de ser sometido a consulta popular en los próximos meses. Además, los dirigentes insistieron en la urgencia de que el Tribunal se incline por aceptar la vía de la recolección de firmas para realizar la convocatoria, por haber sido la primera iniciativa planteada ante el organismo. Unos 50 dirigentes de sindicatos y organizaciones sociales llegaron al edificio del TSE, pero no fueron recibidos por los magistrados, quienes les informaron que lo harían en los próximos días. Los dirigentes reclaman la elaboración de un reglamento del referéndum, que "llene una serie de vacíos que tiene la ley, en materias sensibles como publicidad, financiamiento de las campañas, fiscalización del proceso, y otros", dijo Mora. Costa Rica es el único país centroamericano que no ha ratificado aun el TLC entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, negociado en el 2004. El tema ha dividido profundamente a los 4,2 millones de costarricenses, pues unos estiman que el TLC terminará de desmantelar el estado social de derecho inaugurado en los años de 1950, y otros consideran que será un instrumento que "catapulte" a Costa Rica hacia el desarrollo, como dice el presidente Oscar Arias.

Gobierno se defiende

El gobierno criticó a los opositores al TLC, quienes calificaron de "fraude" el referéndum convocado por decreto ejecutivo para decidir el futuro del acuerdo comercial. "Me parece que hablar de un fraude cuando se está iniciando un proceso, probablemente uno de los más trascendentales que se vaya a dar en Costa Rica (...) es una verdadera temeridad", declaró en un comunicado el ministro de la Presidencia Rodrigo Arias. El ex diputado Corrales, principal impulsor de la consulta popular, aseguró que no volverá a usar el término "fraude", pero explicó que se quiso referir al supuesto oportunismo del gobierno, luego de que el TSE lo autorizó a él a recolectar firmas para convocar el referéndum. Según el ex diputado, el decreto es una maniobra del gobierno para evitar que durante el proceso de recolección de firmas, los ciudadanos sean informados sobre "la verdad" acerca del TLC, al cual se opone. El gobierno, que defiende el TLC, ha manifestado que el decreto busca un procedimiento más rápido para realizar el referendo, pues para recolectar las 132.000 firmas (cinco por ciento del padrón electoral) se tiene un plazo máximo de nueve meses. Rodrigo Arias comentó que pensaba que la convocatoria a la consulta popular sería un punto de complacencia para opositores y defensores del tratado, por lo que lamentó que "ahora parece que no es así". El ministro criticó las exigencias de los opositores al tratado como el retiro del acuerdo comercial y su agenda de implementación del trámite legislativo y la insinuación de algunos opositores acerca de una supuesta alianza entre el TSE y el Ejecutivo. "Me parece que con esa sola insinuación ofende totalmente la dignidad de los magistrados del TSE y ofende la dignidad de la democracia costarricense", aseveró.

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