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Cárceles a punto de colapsar en El Salvador

Por Lorena Baires, especial para el diario La Opinión, de Los Ángeles, California. Desde San Salvador. | 22 de Abril de 2007 a las 00:00
Caminar por los pasillos del Centro Penitenciario La Esperanza, la cárcel más importante de El Salvador, es imposible. Fue construida en 1897 para albergar a 800 reos, pero hoy cuenta con 3,072 delincuentes. Jorge Emilio P. lleva cinco años dentro del establecimiento situado en el municipio de Mejicanos, a unos 10 kilómetros de la capital. Aún le faltan cuatro más. Su "cueva", como le llama a su celda, fue diseñada para contener a 15 personas. Sin embargo, en ese espacio que mide 20 metros cuadrados, permanecen 35 hombres. Medio metro cuadrado por persona. Su día comienza a las 5:30 de la mañana. Una larga y vociferante fila de hombres espera el momento del baño. Sólo hay dos regaderas y dos sanitarios por cada celda. No habría utensilios para el aseo si no fuesen provistos por los familiares. Este joven de 26 años explica que las condiciones en que viven los mantienen en un alto grado de estrés y violencia. Por ejemplo, "los que tienen más años de estar allí duermen en los "catres" [camarotes] y los más nuevos se quedan en el suelo. Es la regla, si la rompen hay problemas". Este es un ejemplo de cómo funcionan la mayoría de los centros penales de El Salvador. En una infraestructura diseñada para 7,342 reos, cohabitaban 15,071 hasta el 31 de marzo de 2007. Y cada mes ingresan 200 personas más. Se estima que entre los años 2000 y 2006, la población carcelaria aumentó un 81.9%. La Dirección General de Centros Penales (DGCP) calcula que al final de este año la cifra rebasaría los 17 mil internos distribuidos en 18 penales. Las autoridades advierten que de mantener esa tendencia, la situación puede llevarlos a una crisis incontrolable, con fugas masivas y enfrentamientos violentos. Otro de los internos, que prefiere el anonimato, asegura que no hay garantías mínimas de salud. "Los baños apestan, a veces se tapan y cuesta que vengan a repararlos. En algunos pasillos hay agua estancada donde se crían zancudos". "La ventilación en las celdas es poca; cuando hay calor, uno sufre". Julia Martínez tiene 55 años y su hijo está preso por asesinato. Sabe que la cárcel es el castigo por haber matado; pero piensa que no por eso los reos deben habitar en condiciones infrahumanas. "Dice mi hijo que dentro de la celda hay otros 30 hombres. A veces no hay agua potable. Yo no puedo hacer mucho, sólo estar pendiente de traerle ropa limpia", dice la señora mientras espera ver a su hijo en la entrada del penal. El hacinamiento se une a la inseguridad de muchas cárceles. Cuatro de ellas fueron construidas en la primera mitad del siglo anterior y otras, como el Centro Preventivo de Sonsonate, a 62 kilómetros al occidente de la capital, está ubicada en medio de una zona urbanizada, lo que conlleva toda serie de problemas. En 2003, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) contabilizaba un total de 11,330 presos. De ellos el 45% esperaba por una sentencia y el 55% ya purgaba una pena. En 2007, las cifras se han invertido y más de 10 mil reos ya recibieron condena, mientras que 4,908 esperan por ella. Álvaro Valladares, inspector general de Centros Penales, asegura que sólo cuenta con 820 custodios que realizan dos turnos. "A pesar de que el número es reducido, tratamos de mantener el orden dentro de las cárceles". Sin embargo, en lo que va del año se han decomisado 360 teléfonos celulares. Las autoridades suponen que desde las cárceles y a través de estos aparatos se organizan crímenes como secuestros y extorsiones. En una requisa realizada recientemente, se encontraron 17 celulares, 19 chips telefónicos y 13 cargadores. ¿Quién facilita la entrada de estos y otros objetos de tenencia prohibida? Hay dos respuestas: los familiares y los custodios. "Para nosotros es un problema. No tenemos detector de metales, que nos facilitaría mucho la inspección de las personas. Es incómodo, y se viola la intimidad de alguien, el tener que estar haciendo auscultaciones de sus partes genitales", explica Valladares. En otra requisa realizada hace unas semanas, se encontraron más de 33 celulares escondidos en los anos de los reos. Otras personas ocultaban drogas y cargadores de teléfonos. También se han detectados balones, lanzados desde el exterior de las cárceles, donde se esconden objetos de tenencia ilícita. Incluso, después de estos hallazgos, no se permite que los familiares visiten a los reos usando zapatos cerrados. Deben llegar con sandalias para evitar que dentro del calzado se oculten objetos. A las mujeres se les revisa con minuciocidad su ropa interior, porque en ocasiones se les ha encontrado droga y teléfonos. Guillermo Gallegos, diputado de la Asamblea Legislativa por el partido Arena, asegura que las condiciones de hacinamiento y descontrol se pueden reducir si se hace una evaluación detallada de los expedientes de los reos. En el Congreso hay una propuesta de ley para darles libertad a aquellos que hayan cumplido las dos terceras partes de su condena. Esta moción fue presentada por la Asociación de Abogados, como una medida para descongestionar el sistema penitenciario. "Lo vemos como bastante posible, porque los centros penales no dan abasto", dice Gallegos. El proyecto está en la Comisión de Seguridad Pública, donde llegó hace dos meses. "Creo que si lo llevamos a votación podríamos tener unanimidad con los demás partidos políticos", asegura el legislador salvadoreño. Otra de las propuestas para reducir el hacinamiento de las cárceles es conceder indulto a aquellos que son ancianos, inválidos o con enfermedades terminales. Pero todas estas iniciativas aún se mantienen en estudio. El Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) es una de las entidades gubernamentales que ha colaborado en impartir talleres para los prisioneros. La institución brinda la materia prima, las herramientas y el instructor para cada curso. Ellos trabajan con los internos que han superado los niveles de credibilidad dentro del penal, es decir, los que están en la fase de confianza o semi libertad. Estos reos pueden acceder a estos talleres y los de semi libertad, inclusive, pueden salir por un par de horas para trabajar. Joel Morán, director ejecutivo de Insaforp, tiene claro que "el tema de la reinserción y la capacitación no es suficiente para garantizar que una persona, al salir, no vuelva a cometer un crimen. Pero ayuda a reafirmar la confianza en ellos mismos". Desde 1998, Insaforp ha capacitado a 2,840 internos en distintas ramas que van desde la reparación de computadoras hasta la serigrafía. Además, decenas de iglesias católicas y evangélicas se han unido a la tarea. El inspector Valladares afirma que de los 15,071 prisioneros, más de 11 mil logran aprender un oficio para salir adelante en la vida. El Centro Internacional para Estudios Penitenciarios, del King’s College London, en su Nota Orientativa Nº 15, sugiere que se desarrollen condenas alternativas para reducir el número de presos dentro de los penales. "Son comunes diversas formas de supervisión comunitaria bajo el cuidado de funcionarios de gobierno, organizaciones no gubernamentales o figuras de autoridad. Otra práctica consiste en exigir a los convictos realizar trabajos no remunerados para beneficio de la comunidad. Un experimento en este sentido se realizó en El Salvador con un grupo de reos que participaron en la construcción de viviendas permanentes para personas de escasos recursos. Asimismo se mantiene un programa de bolsa de trabajo, donde las empresas pueden solicitar la colaboración de los internos en proyectos específicos. Henry Campos, abogado y catedrático universitario, asegura que el trabajo es obligatorio para mantener o aumentar la formación de los reos, la rehabilitación o la adquisición de recursos; pero no para servir a la comunidad. Sólo aquellos que han sido expresamente condenados a servir a la comunidad en cierto número de jornadas deben ejecutar trabajo comunitario. "Me parece que para cumplir con los fines de la prisión el índice de hacinamiento es alarmante. Es cierto que aparentemente otros países se encuentran en semejantes o peores condiciones, pero desconocemos la calidad de las cárceles y los servicios con que cuentan, así como el número de años que duran las penas", expresa.

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