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Abrumadora mayoría de panameños quieren aumentar condenas a niños delincuentes

Agencia PL. Desde ciudad Panamá. | 25 de Abril de 2007 a las 00:00
El 92.1% de los panameños aprueba un aumento de las condenas a los menores infractores, mientras un seis por ciento la rechaza, reveló miércoles una encuesta de la firma Ditcher Neira. La investigación destaca que un 71.1% de los entrevistados opinó que los menores que incurran en delitos deben ser castigados con las mismas penas que los adultos. Además, un nueve por ciento estima que la sanción debe incluir terapia psicológica y familiar. La encuesta coincide con los debates con carácter de urgencia notoria en la Asamblea Nacional (parlamento) de un proyecto de ley para combatir la delincuencia, que prevé, entre otros aspectos, incrementar las penas a los menores. El presidente Martín Torrijos anunció el plan a finales del pasado mes, en un intento por enfrentar la ola de violencia que vive el país, uno de los temas que más preocupa a la población. La oposición en el legislativo solicitó bajar otra vez a primer debate el proyecto de ley 292, para lograr una discusión y un análisis más amplio. Durante su aprobación en primer debate, los diputados modificaron la pasada semana 21 de los 36 artículos, cinco fueron eliminados y otros cuatro agregados. Entre los cambios destaca un aumento de penas de cárcel de hasta 30 años para el homicidio agravado, y 35 en caso de que durante el asesinato concurran otros delitos. El incremento de las sanciones a menores hasta un máximo de 12 años se mantuvo igual, aunque se aprobó que al cumplir la mayoría de edad pasarán a un pabellón especial. También se dejó igual la extensión de 24 a 72 horas del período para que los funcionarios puedan estructurar y formular los cargos dentro de un proceso. Las facultades otorgadas a los corregidores para autorizar allanamientos fueron reformadas y ahora sólo podrán ser realizadas por el Ministerio Público. Igualmente, se modificó el artículo mediante el cual se aceptan los informes de novedad de la policía como base para el inicio de una instrucción sumarial, una medida muy criticada por grupos de la sociedad civil.

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