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Distintos sectores respaldan aprobación de ley contra corrupción en Guatemala

Ciudad Guatemala. Agencia PL. | 1 de Noviembre de 2012 a las 10:52

Diversas voces en Guatemala aplauden este jueves la aprobación de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, la cual busca sancionar a funcionarios y empleados públicos implicados en corrupción, flagelo definido por la vicepresidenta Roxana Baldetti como un monstruo de mil cabezas.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y varios analistas locales manifestaron su apoyo a esta legislación, ratificada hace dos días luego de permanecer congelada 10 años en el Congreso.

"Ese instrumento ayudará a combatir un fenómeno criminal y social complejo que causa la ineficiencia e inoperancia del aparato estatal, afectando, asimismo, su patrimonio", manifiesta al respecto la Cicig en un comunicado.

Por su parte, Ramón Cadena, de la Comisión Internacional de Juristas, comentó al diario local Siglo 21 que ahora el Ministerio Público debería trabajar en una política de persecución penal de los delitos que fueron tipificados para lograr resultados eficaces.

También es importante el castigo por el uso de parientes, amigos o gente cercana como pantallas, algo utilizado constantemente para tener acceso a fondos del erario público, de acuerdo con Ana María de Klein, del Movimiento Pro Justicia citada por ese periódico.

Este martes el Parlamento guatemalteco sancionó dicha ley, la cual prevé castigos penales para quienes cometan el delito de corrupción en las oficinas públicas mediante el cobro de comisiones, tráfico de influencias, nombramientos ilegales y el cohecho pasivo y activo.

Según el documento legal, incurre en peculado por sustracción el funcionario o empleado público que evada o consintiere que otro hurte dinero, efectos o bienes bajo su custodia.

Por esa transgresión está contemplado que el acusado cumpla de cinco a 10 años de cárcel y pague una multa de 10 mil a 40 mil quetzales (mil 264 a cinco mil 57 dólares).

Una condena de dos a seis años de prisión y una multa de 20 mil a 50 mil quetzales (dos mil 528 a seis mil 321 dólares) cargará quien emplee caudales o bienes en un uso diferente al destinado, señala la normativa.

Culpable de enriquecimiento ilícito, precisa, es quien obtenga para sí mismo o cualquier individuo un beneficio patrimonial, un incremento en su nivel de gastos o cancelación de deudas u obligaciones, derivado del ejercicio del cargo o de algún ingreso imposible de justificar.

En ese caso la multa será de 50 mil a 500 mil quetzales (seis mil 321 a 63 mil 211 dólares) y el castigo tras las rejas abarcará de cinco a 10 años.

Baldetti ha admitido que son incontables los niveles de corrupción en el Estado, situación que comparó con un monstruo de mil cabezas.

Tuve ocho años de perseguir a corruptos de ser la mayor fiscalizadora del Gobierno, pero me quedé corta: realmente lo que hay aquí dentro en el Estado es un monstruo de mil cabezas, afirmó Baldetti en una anterior entrevista concedida al diario local Prensa Libre.


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