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Magistrados se reunirán la próxima semana para abordar tema de la depuración policial

Tegucigalpa, Honduras. elheraldo.hn | 3 de Diciembre de 2012 a las 11:47

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras, Jorge Rivera Avilés, convocó para el próximo miércoles 12 de diciembre a los 15 magistrados del pleno para pronunciarse sobre la declaratoria de inconstitucionalidad de Ley de Depuración Policial.

La Ley de Depuración Policial dio plenos poderes al director de la institución, Juan Carlos Bonilla, para que realizara pruebas de confianza a sus miembros.

No obstante, la Sala de lo Constitucional decidió declarar inconstitucional las pruebas en una votación de 4 votos a favor y uno en contra, pero no hubo unanimidad, por lo que el pleno de magistrados del Poder Judicial deberá pronunciarse si ratifica o no ese fallo.

La semana pasada el presidente Porfirio Lobo aseguró que pese a la oposición de la CIJ, el proceso de depuración se hará .

"¿Están haciendo lo que deben hacer por el pueblo hondureño? No lo están haciendo, porque no se trata de torpedear al Ejecutivo, se trata de entender el esfuerzo que se ha hecho... y si por una decisión de la Corte tienen que reintegrar toda esa cantidad de oficiales que por una razón u otra, por algo, están fuera de la institución...", interpeló el mandatario.

Lobo aseguró que el proceso es fundamental y se debe continuar, pero aceptó que "hay aspectos que necesitan afinarse" para que cumpla con los objetivos.

El presidente del Congreso Nacional (CN), Juan Orlando Hernández, aconsejó que se debe preguntar al pueblo mediante el plebliscito , si están de acuerdo con la continuidad del proceso para mejorar el accionar de la institución.

Hasta la fecha, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DEICP), ha evaluado a mil 200 de los 14 mil policías que integran la institución en todo Honduras.

Desde que se aprobó la ley el pasado 24 de mayo, unos 230 agentes policiales hondureños han reprobado las pruebas de confianza, cuyo plazo de seis meses venció el pasado 25 de noviembre.

En junio se presentaron los primeros recuros de incostitucionalidad, aduciendo que viola las garantías y derechos de los policías.


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