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2012, un año difícil para los hondureños

Tegucigalpa. PL. | 23 de Diciembre de 2012 a las 12:31

Un año difícil fue 2012 para los hondureños, que padecieron la agudización de sus problemas sociales, sufrieron los efectos de una mayor violencia y criminalidad, e incrementaron su desconfianza en las instituciones.

El año cierra con protestas de trabajadores, de alcaldes y de transportistas públicos que, respectivamente, exigían el pago de salarios atrasados, transferencias pendientes para emprender proyectos locales y subsidios adeudados.

Las principales luchas sociales fueron libradas por los maestros y médicos, y el Gobierno reaccionó con falta de voluntad política para negociar y buscar soluciones, y aplicó amenazas, represión y despidos masivos contra quienes protestaron.

Un decreto ministerial llamó a audiencias a maestros que el 22, 30 y 31 de agosto participaron en protestas para reclamar sus salarios atrasados y ordenó el despido de unos 900 profesores de la enseñanza pública.

Ante esa postura de las autoridades, el Colegio Profesional Unión Magisterial tuvo que recurrir a juristas para emprender acciones legales contra el Gobierno y defender a sus afiliados.

En ese escenario, la Sala de lo Constitucional admitió un recurso interpuesto por el Colegio de Profesores de Educación Media contra la nueva ley fundamental del sector que violenta la seguridad salarial de más de 60 mil docentes.

En tanto los médicos paralizaron durante tres semanas los 28 hospitales y 256 centros de salud estatales en reclamo de salarios justos, respeto a los derechos laborales y suministros de insumos y medicamentos para atender pacientes.

La ministra de Salud, Roxana Araujo, tuvo que reconocer que todo el presupuesto del sector, unos 556 millones de dólares, se gastó antes de finalizar agosto y tenía un déficit de 46 millones 461 mil dólares, lo cual le dificultaba el cierre del año.

Paralelamente subieron los precios de la canasta básica de alimentos, algo denunciado por Daniel Durón, secretario de la Central General de Trabajadores, como un genocidio contra más de siete millones 800 mil hondureños pobres.

Las cifras gubernamentales sobre inflación son maquilladas y no tienen en cuenta la especulación, opinó el líder sindical y añadió que la canasta básica está por las 13 mil lempiras (unos 660 dólares) y el salario mínimo es insuficiente para cubrirla. Los sindicatos, el Gobierno y la empresa privada negociaron y el 3 de noviembre fijaron el nuevo salario mínimo en apenas seis mil 819 lempiras (345 dólares), por lo cual para subsistir una familia, tendrán que trabajar al menos dos de sus miembros.

Algo difícil cuando la desocupación es superior al 50 por ciento de la Población Económicamente Activa. El Gobierno calcula un millón 400 mil desempleados, el empresariado los estima en un millón 600 mil y los sindicatos en más de dos millones.

A eso se suma que 863 mil jóvenes carecen de oportunidades laborales y el 91 por ciento de los 700 mil hondureños de más de 60 años no tienen acceso a pensión y dependen de sus familiares, según la Asociación Nacional de Adultos Mayores.

Sin embargo, de los casi 700 mil menores con edades entre cinco y 17 años de edad reconocidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), unos 337 mil están en el mercado laboral y muchos realizan labores de riesgo y por muy bajos ingresos.

Otros sectores sociales, como los indígenas, denunciaron este año el total abandono en que se encuentran y hubo pronunciamientos en ese sentido por parte de los tolupanes que habitan en Yoro y en la Montaña de la Flor, y de los chortis de Copán.

En un informe, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoció a Honduras como el tercer país menos equitativo de Latinoamérica, después de Haití y Colombia.

Eso fue reforzado por la revista The Economist al asegurar que en Honduras hay 205 millonarios que disponen en total de una fortuna de 27 billones (millones de millones) de dólares, cuando este es el país más pobre de Centroamérica.

El presidente hondureño, Porfirio Lobo, llamó a investigar si esos super-ricos pagan sus impuestos y es que las perspectivas de la Secretaría de Hacienda, de recaudar al menos 76 millones de dólares, se vieron frustradas.

Al comentar esa observación, el dirigente empresarial Benjamín Bográn dijo que Lobo confirmó que el gobierno carece de dinero para pagar salarios a empleados públicos y maestros, y se verá obligado a racionalizar gastos y practicar despidos.

Para acceder a 130 millones de dólares en apoyo presupuestario, Lobo tiene que cumplir exigencias del Fondo Monetario Internacional como acelerar la devaluación del lempira, mantener la disciplina fiscal, controlar el gasto y recaudar más impuestos.

Entre los acontecimientos más candentes del país estuvo la violencia desatada en el valle del Bajo Aguán, donde 80 personas murieron en enfrentamientos entre guardias privados al servicio de hacendados y labriegos que reclamaban tierras.

Entre las medidas para aliviar tensiones estuvo la militarización del área y el compromiso del Gobierno de comprar varias fincas para venderlas a tres mil 500 familias campesinas, pero esporádicamente ocurren incidentes armados.

El último de significación fue el ataque a un convoy militar que llevaba material para las elecciones primarias celebradas el 18 de noviembre por 14 movimientos, tres del Partido Liberal, ocho del Nacional y cinco de Libertad y Refundación (LIBRE). En esos comicios internos se eligieron tres candidatos a las presidenciales del 2013 (Juan Orlando Hernández por el Nacional; Mauricio Villeda por el Liberal; y Xiomara Castro por LIBRE), y aspirantes a vicepresidentes, parlamentarios y alcaldías.

Al igual que el conflicto por tierras en la zona del Aguán, las elecciones primarias estuvieron matizadas por actos de violencia, un fenómeno también vinculado al incremento de las luchas entre pandillas y a las acciones del narcotráfico.

Según la ONU, Honduras es el país más violento del mundo con una tasa de 91 homicidios por cada 100 mil habitantes, aunque las autoridades insisten en que ronda los 86 por cada 100 mil, la tasa reportada en 2011, también la mayor del planeta.

Más del 80 por ciento de los delitos denunciados en Honduras jamás llegan a ser investigados ni juzgados, reconoció el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.

En su último reporte sobre el tema, indicó que en los últimos 11 años la violencia en este país dejó 46 mil 450 muertes; en 2011 hubo siete mil 104 homicidios y de enero a octubre de este año promediaron 558 víctimas mensuales (18 diarias).

Las autoridades lograron en 2012 capturar los mayores alijos de droga, incluyendo lo transportado en un submarino, y destruyeron unas 50 pistas de aterrizaje clandestinas, pero cuando en junio derribaron una avioneta, Washington les quitó el radar.

Al comentar esa actitud, el ombudsman lamentó que el mayor consumidor mundial de drogas condicione la ayuda en la lucha contra el narcotráfico y limite a Honduras a ejercer el derecho a la soberanía de su espacio aéreo, terrestre y marítimo.

El año cierra con esfuerzos del Gobierno por superar una crisis de poderes ocasionada cuando el Congreso destituyó a cuatro de los cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que antes admitió el recurso profesoral.

La decisión siguió a críticas del presidente Lobo contra esos magistrados que habían declarado inconstitucional la imposición de pruebas de confianza a miembros de la policía, infiltrada por el crimen organizado y el narcotráfico.

Magistrados, jueces, abogados y políticos opositores reclamaron contra esa injerencia del Congreso, considerada un atentado a la independencia de la Justicia, y para tratar de aliviar la tirantez entre poderes del Estado, Lobo convocó al diálogo.

En este escenario, el Centro de Estudios para la Democracia divulgó una encuesta anual de opinión, en al cual indica que el 52 por ciento de la población desconfía de los partidos políticos, el 50 por ciento del Congreso y el 45 por ciento de la policía.

Poco antes, otro sondeo realizado por CID Gallup había revelado que dos de cada tres hondureños desaprueban la gestión presidencial y siete de cada 10 opinan que casi nunca o nunca el mandatario hace lo mejor para el pueblo.


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