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Transportistas hondureños paralizan actividades por amenazas de pandillas

San Pedro Sula, Honduras. laprensa.hn | 7 de Mayo de 2013 a las 12:48

Más de 200 unidades de transporte de la ruta de Impala y Caribe permanecen paralizadas por temor a que los delincuentes, que ayer quemaron una unidad en la Gran Central Metropolitana, regresen.

"Tenemos miedo, nos han mandado a decir que si circulamos nos van a matar", dijo entre susurros un transportista.

El paro de labores es en la terminal de San Pedro Sula y el centro de Cortés, cientos de personas se han visto afectadas con la situación.

"Estaremos parados hasta que paguen el impuesto de guerra que exigen esos delincuentes, pues tenemos miedo que nos pase algo, ya han matado motoristas de esta empresa", afirmaron los transportistas.

Los conductores piden a sus patronos y autoridades que negocien con los pandilleros para que ellos puedan circular, ya que temen por su vida.

Al menos 36 pasajeros de las unidades del transporte público y 50 trabajadores del rubro han sido asesinados en los primeros cuatro meses de 2013, según informaron este martes fuentes policiales.

Autoridades manejan como móvil el cobro del "impuesto de guerra", en los casos de asesinatos de conductores, ayudantes y despachadores de las unidades de transporte.

La violencia no da tregua a transportistas quienes viven en constante zozobra. Esta mañana un conductor de mototaxi fue ultimado y su vehículo incendiado, en la calle principal de la aldea La Corosa, El Calan, Villanueva, norte de Honduras.

El hecho se registró alrededor de las 5:30 am.

Una unidad de transporte fue incendiada ayer ; el hecho ocurrió ayer a las 5:00 am, antes de que los motoristas y cobradores de los buses llegaran al lugar. Según el personal de seguridad de la terminal, cuatro sujetos con pasamontañas en un pick up se aparcaron contiguo al bus, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego.

El impuesto de guerra ya figura en los presupuestos de muchas empresas del país. Las maras y pandillas lo han impuesto a transportistas, comerciantes y pobladores como un seguro de vida obligatorio para evitar atentados a sus propietarios, instalaciones, vehículos o empleados. Hasta ahora, ninguna medida o ley ha podido erradicarlo, por el contrario, cada día se extiende a más zonas en las principales ciudades de Honduras.


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