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Aprueban ley de protección a testigos en Honduras

MiPunto.com. Desde Tegucigalpa. | 24 de Mayo de 2007 a las 00:00
Honduras fortalece la lucha contra la delincuencia, con la aprobación, por el Congreso, de la Ley de Protección de Testigos, que era impulsada desde 2003, coincidieron este jueves legisladores y representantes del poder Judicial. "Esta ley es un instrumento contra la impunidad y marca un hito en la lucha contra la delincuencia organizada que se convierte en un paso firme hacia adelante", destacó el fiscal general adjunto Omar Cerna, en declaraciones a medios locales. Los diputados, en una sesión que se prolongó hasta la medianoche del miércoles, aprobaron en su último y tercer debate la ley de 31 artículos, introducida a la cámara en 2003, tras un retraso por falta de consenso. Para proteger a los testigos, la ley contempla, entre otras medidas, "alejamiento del lugar de riesgo, reubicación temporal y definitiva, cambiar de identidad, modificación de rasgos físicos". La delincuencia es el problema que más aflige a los hondureños, según las encuestas. El Observatorio de la Violencia, integrado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ministerio Público y secretaría de Seguridad, estableció que en 2006, se registraron en Honduras 4.736 muertes por causas externas, un promedio de 394,7 muertes al mes y 13,2 muertes diarias. En total, se produjeron 3.018 homicidios en un año y 254 suicidios, que equivalen a tasas de 46,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Observatorio, que alerta sobre las elevadas cifras, asegura que sólo El Salvador supera a Honduras en muertes violentas con 47,7 por cada 100.000 habitantes, contra 38 de Colombia, 30 de Guatemala, 15 de Belice, 13,7 de Nicaragua, 11,6 de Panamá, 10 de Perú y 9,2 de Costa Rica. Si se compara con las estimaciones realizadas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), la tasa de homicidios es 2,4 veces superior al promedio registrado en la región de las Américas en el año 2002 (18 por cada 100.000 habitantes) y 5,25 veces más con respecto a la tasa mundial, que en 2000 fue estimada en 8,8 por cada 100.000 habitantes, según el informe. La presidenta de la Corte Suprema, Vilma Morales y el fiscal general Leónidas Rosa elogiaron la aprobación por parte del Congreso Nacional de la Ley de protección a testigos "porque dicha legislación fortalece la aplicación de la justicia". Los operadores de justicia venían aplicando un instructivo que no tenía fuerza legal. El programa estará a cargo de un director que será nombrado por el fiscal de la República y podrá ser removido con condiciones, bajo la dirección y coordinación del Ministerio Público. La protección se extenderá al cónyuge, familiares u otras personas relacionadas con el testigo que en virtud de su testimonio se encuentran en situación de riesgo. Como medidas de protección, la ley establece el alejamiento del lugar del riesgo, la reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro y fuera del país, el cambio de identidad y la modificación de rasgos físicos.

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