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Pueblos indígenas de Costa Rica promueven ley para obtener autonomía

Agencia ACAN-EFE. Desde Buenos Aires, Costa Rica. | 19 de Junio de 2007 a las 00:00
Cansados de que el gobierno no les resuelva sus problemas, los indígenas de Costa Rica se han unido para impulsar un proyecto de ley que busca darles autonomía en la administración de recursos y tener un sistema de justicia propio. El abogado indígena Hugo Lázaro declaró a Acan-Efe que la ley es "una necesidad impostergable" que busca "transformar" y "actualizar" un aparato estatal que consideran "desajustado a la realidad". "Hay un modelo político ineficiente, fracasado, que no responde a intereses de los pueblos indígenas, por lo que es necesario un nuevo modelo de administración, una posibilidad de que los pueblos hagan valer sus derechos", afirmó. La "Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas", que está en estudio en el Congreso, pretende eliminar la estatal Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) y establecer en su lugar un Consejo con representación de todos los pueblos indígenas, el cual estaría regulado por la Contraloría General de la República. Según aborígenes consultados por Acan-Efe durante un recorrido por zonas indígenas, la CONAI no cuenta con representación de todos los territorios y su labor ha sido pobre en la ayuda a las comunidades. La principal crítica contra la comisión es que la mayoría de sus recursos se destinan a gastos administrativos. Con la Ley, que fue consultada en los 24 territorios indígenas del país, los aborígenes pretende crear un nuevo consejo que administre el dinero de la CONAI, además recibir el 0,01 por ciento del impuesto a los combustibles y un uno por ciento del presupuesto del Fondo de Asignaciones Familiares (FODESAF). Con parte de ese dinero, crearán un fondo de crédito para los pobladores de estas zonas, pues los bancos rara vez les otorgan préstamos. La ley también busca que se reconozcan los "juicios consuetudinarios" tradicionales de los pueblos indígenas como procedimientos compatibles con el ordenamiento jurídico del país. Además, la iniciativa reafirmará el derecho de los pueblos a las tierras que les fueron otorgadas en 1956 por el decreto ejecutivo que creó las reservas indígenas pero que, en buena parte, están en manos de personas no indígenas. De llegarse a aprobar la ley, los indígenas recuperarán todas sus tierras sin necesidad de indemnizar a los dueños que las obtuvieron después de emitido el decreto. Lázaro explicó que las tierras pasarían a ser intransferibles, inembargables e inalienables, y serían utilizadas de acuerdo con lo que resuelva el gobierno local con que contará cada pueblo. Este gobierno local, sería una especie de consejo directivo que será elegido por todos los pobladores de una comunidad aborigen mayores de 15 años. Otras implicaciones del proyecto son la búsqueda de una educación pluricultural, el establecimiento de patentes indígenas para su medicina natural y la creación de oficinas indígenas en la Cancillería y el Ministerio de Educación. Sobre las críticas acerca de que con esta iniciativa los indígenas pretenden hacer un pequeño país dentro de otro país, Lázaro comentó que el proyecto se enmarca dentro del Convenio 169 sobre pueblos indígenas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fue ratificado por Costa Rica en 1992. El proyecto de ley se encuentra en la Comisión de Asuntos Sociales del Congreso donde, según Lázaro, existe un apoyo unánime para que sea sometido a votación pronto. Según datos oficiales, en Costa Rica, país con 4,5 millones de habitantes, viven 63.876 indígenas, distribuidos, en su mayoría, en 24 territorios pertenecientes a ocho pueblos: Chorotega, Bribri, Cabecar, Brunca, Huetar, Maleku, Teribe y Guaymi.

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