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Dos ticos son condenados en Sevilla por contratar a compatriotas sin papeles

Agencia EFE. Desde Sevilla, España. | 20 de Junio de 2007 a las 00:00
Dos ciudadanos de Costa Rica aceptaron este miércoles una condena de dos años de cárcel cada uno por contratar a compatriotas en Sevilla (sur de España) sin respetar sus derechos laborales, acuerdo que fue posible después de que el fiscal retirase su anterior calificación por tráfico ilegal de personas. El acuerdo entre la acusación y la defensa, que permitió no celebrar el juicio, fue muy laborioso porque la condena incluye la inmediata expulsión de España, durante un periodo de diez años, de uno de los acusados, Santiago Roberto G.B., que tiene familia en Sevilla y está casado con una residente legal. En el juicio que celebró la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, la Fiscalía retiró su anterior petición de 7 años de cárcel por un delito de tráfico ilegal de personas y únicamente les acusó por contratación de personas que carecían de permiso de trabajo en España y, por tanto, sin respetar sus derechos laborales. Según los hechos reconocidos, el acusado Allan R.C., de 35 años y pintor de profesión, ponía en contacto a costarricenses llegados a España con el segundo procesado, Santiago Roberto G.B., de 47, propietario de una pequeña empresa de reformas de albañilería. Los acusados no concertaban "ningún tipo de contrato ni regularizaban la situación de los inmigrantes", según el fiscal, y les ofrecían "trabajos precarios que se desarrollaban sin ningún tipo de medida de seguridad y con ausencia total de los derechos laborales". La defensa de los acusados manifestó a Efe que ambos aceptaron este acuerdo como un mal menor pues se consideran inocentes, ya que sostienen que la única prueba contra ellos era el testimonio de uno de sus trabajadores, que los denunció tras ser acusado de robar en una vivienda. Tras la conformidad de los acusados, el juez dictó de viva voz la sentencia, que incluye el pago de una multa de 540 euros (725 dólares) por un delito contra los derechos de los trabajadores. Aunque la expulsión efectiva de España tardará varios meses, el juez advirtió a los procesados de que sus posibilidades de quedarse en España "son francamente malas". El tribunal dictó también la libertad inmediata de Allan R.C., que cumple prisión preventiva desde su detención hace casi un año, mientras que su compatriota se encuentra en libertad bajo fianza de 12.000 euros (16.000 dólares), explicó a Efe su defensor.

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