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Gobierno guatemalteco otorga ayuda humanitaria para familiares de víctimas en matanza

Ciudad Guatemala. Agencia PL. | 21 de Febrero de 2014 a las 11:28

Seis millones 550 mil quetzales (844 mil 155 dólares) otorgó al gobierno guatemalteco a familiares de víctimas de una matanza generada en una marcha donde seis campesinos fueron asesinados por militares que enfrentan un juicio estancado hace un año.

El mandatario Otto Pérez Molina y la vicegobernante Roxana Baldetti entregaron la ayuda humanitaria durante un acto celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura, en el mismo lugar donde el presidente de la junta directiva de la Asociación del Consejo de Alcaldes Comunales de los 48 Cantones de Totonicapán, manifestó que van a insistir en la lucha por deducir las responsabilidades de los autores del hecho.

"Lo que sí vamos a dejar claro es que el proceso penal va a continuar. A esto se le llama una ayuda humanitaria. Pensamos que con la conclusión del proceso penal, ahí sí se va a dar el verdadero resarcimiento", remarcó el dirigente.

Seis obreros agrícolas perdieron la vida en octubre de 2012 durante una marcha pacífica tras un tiroteo en el cual participaron miembros del Ejército de este país centroamericano.

Cientos de obreros agrícolas de los 48 cantones del suroccidental departamento de Totonicapán bloquearon el 4 de octubre de 2012 el kilómetro 170 de la carretera Interamericana en oposición al aumento del precio de la energía eléctrica y para exigir al Gobierno el cumplimiento de otras demandas sociales.

Respecto a esta masacre, el Consejo Político 13 Baktún -integrado por mayas, actores sociales y políticos- declaró en un comunicado su profundo y completo rechazo a la política de regreso al pasado de represión, masacres y control militar del gobierno guatemalteco.

Un tribunal guatemalteco determinó en febrero de 2013 disminuir la categoría de las violaciones cometidas por nueve uniformados, acusados de matar a seis campesinos en aquella protesta civil.

La decisión de rebajar los delitos a militares implicados en la muerte de seis indígenas es una tergiversación jurídica, consideró un experto en Derechos Humanos, quien calificó esa matanza como la primera tras la firma de la Paz en 1996.

"Los hechos producidos el 4 de octubre de 2012 han sido objeto de una increíble y aberrante tergiversación jurídica que se orienta a perpetuar la impunidad en funcionarios públicos encargados de mantener el honor y la paz en Guatemala", reveló a Prensa Latina el especialista, quien demandó el anonimato.

Según la defensa de los efectivos y la jueza Patricia Flores, recordó la fuente, el coronel Juan Chiroy no tenía responsabilidad de lo que hicieron sus ocho subalternos debido a que no estuvo presente en la escena.

Sin embargo, el abogado aclaró que Chiroy, como comandante de la operación, tenía completo control sobre todos sus subordinados, pertenecientes a una institución que es jerárquica, obediente y no deliberante, acorde con el artículo 244 de la Constitución guatemalteca.


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