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Indemnizan a parientes de 119 víctimas del jarabe tóxico en Panamá

Agencia ACAN–EFE. Desde ciudad Panamá. | 27 de Junio de 2007 a las 00:00
El gobierno panameño oficializó el procedimiento para hacer efectiva la indemnización de 6,2 millones de dólares a un total de 119 víctimas por el consumo de medicinas contaminadas del Seguro Social, cuyos primeros pagos tendrán lugar a partir del viernes próximo, según afirmaron el miércoles fuentes oficiales. La Resolución de Gabinete confirmando la voluntad del gobierno de conceder una ayuda económica humanitaria a los sobrevivientes de las víctimas y a los afectados por el Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA), provocado por el envenenamiento, fue publicada el miércoles en la Gaceta Oficial del Estado. La regulación contempla la asignación de un monto básico de apoyo de 30,000 dólares para cada uno de los afectados listados. A esto se añaden apoyos para atender otros aspectos como la merma de los ingresos familiares, los costos de tratamientos médicos no suministrados por los servicios públicos de salud y gastos funerarios en el caso de los fallecidos. La normativa establece que se considerarán como afectados por el SIRA aquellas personas cuyos casos sean reconocidos por la Comisión Técnica Interinstitucional, integrada por el Ministerio de Salud (MINSA) y la Caja de Seguro Social (CSS), y las Subcomisiones Clínicas Patológicas. La comisión evaluará los casos presentados tomando en cuenta aspectos como la súbita alteración de la función renal, alteración neurológica, y el antecedente de haber consumido expectorante sin azúcar del lote contaminado o dipheridamina en dosis que causaran daño. El portavoz del MINSA, Garrit Geneteau, dijo hoy a Acan-Efe que los primeros pagos se harán entre el viernes y el lunes próximos, mientras que Iveth Landero, vocera de una de las dos agrupaciones de apoyo a las víctimas, aseguró a la televisión local que son 19 los que recibirán los primeros cheques. Gabriel Pascual, del Comité de Familiares por el Derecho a la Vida y a la Salud de las víctimas del envenenamiento, señaló a Acan-Efe que no entiende por qué sólo reconocen ayuda para una cantidad determinada de víctimas y sobrevivientes, cuando la fiscalía especial que investiga el caso indica que son más de 300 fallecidos y 80 los que sobrevivieron. Añadió que, más allá del pago de la indemnización "se debe aclarar la verdad de lo que ocurrió, garantizar una justicia real y que el Gobierno se comprometa a una atención médica completa a los sobrevivientes y destituya al ministro de Salud Camilo Alleyne. El fiscal superior especial, Dimas Guevara, dijo hoy a la prensa que sigue buscando evidencias para confirmar, y que actualmente ha recibido las denuncias de familiares de 386 personas fallecidas por las medicinas contaminadas. Guevara expresó que al final de las valoraciones de los médicos forenses "vamos a establecer cuál de estas muertes están relacionadas directamente con el tóxico" Dietileneglycol, que contaminó las medicinas elaboradas por el laboratorio de la CSS. El suspendido –por este caso– director de la CSS René Luciani, así como sus antecesores Rolando Villalaz y Juan Jované, actualmente libres con medidas cautelares, estuvieron detenidos y fueron indagados por el Ministerio Público en relación con esta investigación. La CSS compró el año pasado un lote de glicerina pura a una empresa importadora panameña, Medicom, que la adquirió a su vez de la suministradora española Rasfer, que la había importado de China, y resultó ser dietileneglicol. Ese insumo, que se utilizó para elaborar medicinas para ancianos hipertensos, diabéticos y niños con afecciones respiratorias, ha causado oficialmente la muerte de 101 personas.

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