Escúchenos en línea

Atraso e irregularidades en ayuda a afectados por medicinas contaminadas en Panamá

Agencia ACAN-EFE. Desde ciudad Panamá. | 28 de Junio de 2007 a las 00:00
Familiares de las víctimas y los supervivientes por el consumo de medicamentos contaminados del Seguro Social denunciaron este jueves atrasos e irregularidades en la ayuda humanitaria del Gobierno Nacional para apoyar económicamente a los afectados. Gabriel Pascual, vocero del Comité de Familiares de Pacientes por el Derecho a la Salud y la Vida, dio a conocer un comunicado en el que señalan que, "con varios meses de atraso", el Gobierno aprobó y promulgó ayer la reglamentación para pagar 6,2 millones de dólares a 119 parientes de víctimas y supervivientes del envenenamiento. Indicaron que el atraso tiene que ver con el desmantelamiento de la Comisión Interinstitucional "que supuestamente decidía quiénes eran víctimas y quiénes no" y la suspensión del apoyo económico que previamente daba la Oficina de Asistencia a Víctimas del Síndrome de Insuficiencia Renal Aguda (SIRA), generado por el envenenamiento. Destacaron que "pareciera que el Gobierno Nacional quiere ocultar la existencia de más víctimas, ya que la misma Oficina de Asistencia (de la Presidencia panameña) registró más de 250 personas en espera de que la Comisión analizara sus expedientes". Además, denunciaron que esta Oficina entregó más de 10.000 dólares "a personas que no son víctimas ni familiares de afectados", así como a otros que apoyan al ministro de Salud, Camilo Alleyne, cuya renuncia exige el Comité "por ser el máximo responsable de esta crisis". También criticaron que se haya asignado 6,2 millones de dólares para apoyar a las víctimas, a razón de 30.000 dólares de apoyo básico para cada caso, "tomando en cuenta sólo los 119 reconocidos por ellos". Según el Comité, de esta manera se ignora las más de 500 denuncias de casos de intoxicación con las medicinas elaboradas por la Caja de Seguro Social (CSS), presentadas en la Fiscalía Superior Especial del Ministerio Público (MP) que investiga el caso. El Comité deploró la acción de las autoridades de la CSS "de no entregar oportunamente y completos los expedientes clínicos de las víctimas, en una clara actitud de sabotear las investigaciones". Pascual, por su parte, dijo a Acan-Efe que diversos funcionarios informaron que los 20 primeros cheques se entregarán mañana, pero que por encima de esta ayuda "que debe ser justa, el Gobierno debe garantizar un seguimiento riguroso en materia de salud, medicamentos, alimentación y atención médica a los sobrevivientes". "Nada de esto aparece contemplado en la reglamentación de la entrega de la indemnización", afirmó. El fiscal superior especial, Dimas Guevara, dijo ayer que sigue buscando evidencias para confirmar, y que ha recibido las denuncias de familiares de 386 personas fallecidas por las medicinas contaminadas. Guevara expresó que al final de las valoraciones de los médicos forenses van "a establecer cuál de estas muertes están relacionadas directamente con el tóxico" Dietileneglycol, que contaminó las medicinas elaboradas por el laboratorio de la CSS. El suspendido director de la CSS René Luciani, así como sus antecesores Rolando Villalaz y Juan Jované, actualmente libres con medidas cautelares, estuvieron detenidos y fueron indagados por el Ministerio Público en relación con esta investigación. La CSS compró el año pasado un lote de glicerina pura a una empresa importadora panameña, Medicom, que la adquirió a su vez de la suministradora española Rasfer, la cual la había importado de China, y resultó ser Dietileneglycol. Ese insumo, que se utilizó para elaborar medicinas para ancianos hipertensos, diabéticos y niños con afecciones respiratorias, ha causado oficialmente la muerte de 101 personas.

Descarga la aplicación

en google play en google play