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Corte Suprema y Fiscal anticorrupción libran batalla judicial en Panamá

Agencia ACAN–EFE. Desde ciudad Panamá. | 10 de Julio de 2007 a las 00:00
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, Graciela Dixon, interpuso el martes una denuncia criminal contra la fiscal segunda anticorrupción del Ministerio Público (MP), Maribel Cornejo, por abuso de autoridad y extralimitación de los deberes de los servidores públicos. Dixon, tras presentar la denuncia ante el MP, dijo en una rueda de prensa que Cornejo incurre en "serios delitos" al adelantar un sumario sobre la producción y emisión de una sentencia del pleno de la CSJ. Señaló que Cornejo abusó de su autoridad por investigar y examinar, sin ser competente para ello, el criterio jurídico de los magistrados y someter a los asistentes de éstos a indagaciones sobre cómo se llegó a emitir la sentencia. Destacó que su actitud constituye un "precedente altamente peligroso" y "una violación de principios y de la garantía de la independencia del poder judicial". Dixon pidió al Ministerio Público que ordene la detención y separación del cargo de Cornejo, toda vez que una de sus conductas (abuso de autoridad) establece una sanción a sus infractores de 6 a 18 meses de prisión. Un portavoz de esa entidad dijo a Acan-Efe que no emitirán una opinión hasta estudiar el expediente de la denuncia. Según la denuncia, el fallo investigado "sin asidero legal" por Cornejo fue el emitido el 6 de agosto de 2004, mediante el cual se revocó una resolución de la Contraloría General de la República de 2003 que había ordenado el secuestro los bienes muebles, inmuebles y dineros de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp (PECC). El secuestro fue contra PECC y otras cinco personas, como el ex presidente Ernesto Pérez Balladares (1999-2004), por una presunta lesión patrimonial al Estado por 6,6 millones de dólares. La Contraloría tomó esta medida en 2003 por la presunta no prestación del servicio de mantenimiento de faros y boyas de los puertos de Panamá, incluidos los del Canal interoceánico, para el que fue contratada PECC por el Estado en 1997. El fallo fue suscrito por los magistrados Cesar Pereira Burgos, ya fallecido, Aníbal Salas Céspedes, Jacinto Cárdenas, José Andrés Troyano, Adán Arnulfo Arjona, Alberto Cigarruista Cortez, Graciela Dixon, Rogelio Fábrega Zarak (fallecido) y Arturo Hoyos. Salvo Hoyos y los fallecidos, el resto de los magistrados aún forman parte de la Corte.

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