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El colmo: que no hay presos políticos en El Salvador, afirma Saca

MiPunto.com. Desde San Salvador. | 14 de Julio de 2007 a las 00:00
El presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, descartó el sábado que 13 manifestantes detenidos el 2 de julio en una protesta contra un programa estatal de "descentralización del agua" sean presos políticos, como lo afirman opositores a su gobierno. "No hay presos políticos en el país. Yo creo que ustedes y el país completo se dio cuenta de los desórdenes que se hicieron en la calla a Suchitoto, ahí estaban embajadores, estaban ministros, llegaba (el presidente) a hacer un acto de descentralización -del agua-", declaró Saca en improvisada rueda de prensa. El debate sobre las detenciones producidas aplicando una ley antiterrorista cobró fuerza esta semana cuando un juez de casos especiales envió a prisión preventiva a 13 activistas de la Asociación de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (Cripdes), que participaron en la manifestación del 2 de julio en Suchitoto, 44 km al noreste de la capital. Para la principal fuerza de oposición, la ex guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), y organismos humanitarios los detenidos son "presos políticos", por cuanto se manifestaban contra una medida del gobierno. La protesta ocurrió en diferentes tramos de la carretera a Suchitoto y en el centro de esa ciudad, en el marco de la visita que hizo Saca para lanzar el plan de política nacional de descentralización del agua potable, considerada como una privatización encubierta por organizaciones populares. "Aquí no hay reos políticos, aquí nadie por lo que piensa políticamente va a la cárcel", enfatizó Saca. Para el mandatario salvadoreño "la gente que quiere protestar debe de saber que existen reglas, y las reglas de las protestas es no dañar los derechos de terceros, no dañar la propiedad privada ni pública, eso es básicamente la única limitación y que debemos aclararla en la legislación". En ese sentido, el gobernante se pronunció a favor de una reforma a la denominada ley antiterrorista que establece castigos de hasta 60 años de prisión.

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