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Costa Rica excede en 47 % su capacidad carcelaria y busca soluciones

San José. EFE. | 7 de Diciembre de 2014 a las 12:42

Las cárceles de Costa Rica lucen abarrotadas con un 47 % de exceso de población carcelaria, ante lo que las autoridades están en búsqueda de soluciones tecnológicas y de administración de justicia para solucionar el problema.

"Costa Rica tiene altos índices de sobre población, no son los más altos de la región pero está en 47% y el máximo aceptado por normas internacionales es del 20%", declaró  la Ministra costarricense de Justicia y Paz, Cristina Ramírez.

Costa Rica, un país de 4,7 millones de habitantes, tiene una capacidad carcelaria de poco más de 10.000 espacios, pero en los últimos años el hacinamiento ha venido en ascenso debido a factores como un trabajo policial más eficiente y la entrada en operación de los tribunales de flagrancia, los cuales juzgan en cuestión de horas a personas detenidas en el momento de cometer delito.

Otro de los factores de hacinamiento que han señalado los Gobiernos recientes es la aplicación reiterada de la prisión preventiva por parte de los jueces y el gran número de presos por delitos relacionados al narcotráfico, que alcanza el 90 % de las mujeres condenadas en el país.

La sobre población carcelaria en Costa Rica pasó del 6 % en 2009 al 32 % en 2012, al 38 % en 2013 y actualmente está en el 47 %.

"Esta administración ha venido trabajando de manera coordinada con todas las instancias con el propósito de ir reduciendo los índices (de hacinamiento) no solo con la construcción de nueva infraestructura sino también conversando con jueces para que se apliquen otras medidas que no sean necesariamente la prisión preventiva para algunos casos", explicó la ministra.

Ramírez comentó que el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís, quien inició funciones en mayo pasado, también impulsará que en 2015 la Asamblea Legislativa realice una "revisión" del sistema penal, que incluye el código penal y el código procesal penal.

Esto "con el propósito de que las normas en que se sostienen los jueces para dictar medidas privativas sean analizadas de manera exhaustiva", comentó la ministra.

Según Ramírez, para reducir los niveles de hacinamiento es necesario aplicar medidas alternativas a la prisión para algunos casos como lo es el uso de dispositivos de seguimiento electrónico, para lo cual hay una ley vigente desde el pasado 31 de octubre.

Esta ley permite el uso de brazaletes electrónicos para que cierto tipo de reclusos cumpla sus condenas o prisión preventiva, fuera de la cárcel y que sus movimientos sean seguidos por medio del dispositivo tecnológico.

Los brazaletes son similares a un reloj, se colocan en la muñeca o en el tobillo y emiten una señal que puede ser seguida a distancia por satélite con el fin de conocer la ubicación y los movimientos de la persona que lo lleva.


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