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Presidente de Abogados dice que demandas contra el Estado hondureño deben revisarse caso por caso

Tegucigalpa. Agencias. | 23 de Diciembre de 2014 a las 10:48

Ante la desconfianza que genera la actuación de algunos profesionales del Derecho cuando trabajan en casos contra el Estado, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CPH) José Luis Valladares, afirmó que está a favor que se revisen los procedimientos y determinar si hay dolo para no señalar injustamente a sus colegas.

En los últimos días el Presidente, Juan Orlando Hernández, dijo “quiero pedirle a los abogados, que representan a empresas o a ciudadanos y que tienen negocios con el Estado, así como a fiscales, jueces y magistrados, que cuando estén llevando esos juicios piensen en Honduras”.

El presidente del CAH, José Luis Valladares, aseguró que está de acuerdo que se investigue el accionar de su gremio.

“Porque no podemos estar los hondureños trabajando y produciendo impuestos para pagar aquellas exorbitantes sumas en demandas que son amañadas y arregladas, eso no puede ser”, señaló el mandatario y solicitó investigar los casos que lleva la Procuraduría General de la República (PGR) que son unos 2,600.

En ese sentido, Valladares destacó que “nosotros los abogados prestamos un servicio a la ciudadanía y cuando se toma un caso el objetivo es ganarlo en juicio, pero con procedimientos llevados en base de la transparencia, ética y moral”.

Pormenorizó que para ganar un juicio es mediante proceso del derecho de saberlo pedir y que el juez se lo quiera dar, en ese sentido “nosotros cuidamos y protegemos a nuestro gremio, siempre y cuando esté trabajando en el marco de la ley”.

Procedimientos

El representante de los togados enfatizó que “si hay que revisar procedimientos que se revisen, pero caso por caso en los diferentes Juzgados como de lo Civil y Contencioso Administrativo, solo haciendo una investigación podemos determinar si ha habido dolo o no por parte de un profesional del Derecho”.

Para erradicar la desconfianza en la PGR recomendó que se deben profesionalizar más los departamentos de los abogados, pero al final la pérdida de las demandas no es culpa de ellos, sino que del funcionario que opera políticamente en el área de recursos humanos.

De acuerdo a las autoridades de la PGR, este año se harán cambios y se procederá en contra los abogados picaros.

Recomendó que se debe reformar la Ley de Servicio Civil para que sea más dinámica y moderna, para evitar tantas demandas en contra del Estado, “pero lo cierto es que si un cliente contrata un abogado es para que le gane un juicio apegado a los principios”, recalcó.

Apuntó que la PGR solo contesta la demanda, después el poder se sustituye a un profesional de la misma institución, esto con el ánimo de aprovechar que ese abogado es el que más conoce el caso y está mejor preparado para plantear una defensa.

Además es necesario una mayor coordinación de trabajo entre la PGR y los abogados de cada una de las instituciones para que existan los mismos principios y que lleven la defensa a feliz término, enfatizó.

Jueces independientes

Sobre los señalamientos de mafias entre los operadores de justicia, Valladares aseguró que los jueces son independientes en sus resoluciones y en ese sentido se respetan y para eso están los recursos que pueden ser utilizados.

“Hay casos que se ganan y otros que se pierden y no solo porque se perdió van a asesinar a un abogado o si lo ganó van a criticarlo diciendo que a saber cuánto dio”, puntualizó el presidente del gremio.

Por su parte el titular de la PGR, Abrahán Alvarenga, aseguró que este año se ganaron demandas que oscilaban en los 2,000 millones de lempiras, en especial cinco o seis que eran de cuantiosas peticiones.

Entre ellas mencionó una que hizo el sindicato de la Secretaría de Educación por reivindicación de conquistas laborales, que eran unos 600 millones de lempiras, después se desestimó otra petición de los profesionales agrícolas en contra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) por unos 60 millones de lempiras.

También se denegó otra demanda contra del Instituto de Crédito Educativo (Educredito) de 40 millones, asimismo un proceso de pago de honorarios que solicitaban a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel) y otra de 51 millones de lempiras que se ganó en Washington, que en total suman más de 2,000 millones de lempiras que dejo de pagar el Estado en el 2014.

Así afirmó que para garantizar proceso transparente se hará un fortalecimiento institucional mediante los controles y supervisión de los casos y sancionar a los funcionarios que han actuado inapropiadamente. (YB).


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