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Expectativa entre panameños por la renovación en Ministerio Público

Ciudad Panamá. Agencia PL. | 26 de Diciembre de 2014 a las 09:35

En la misma medida que son involucrados más exfuncionarios del gobierno anterior en delitos de corrupción, aumentan en Panamá las expectativas por cambios en el Ministerio Público, empezando por la Procuraduría y Contraloría.

El 2 de enero deben asumir sus cargos la procuradora general Kenia Porcell, y el contralor Federcido Humbert, mientras que se espera con ansias las salidas de sus cargos de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado, y del Tribunal Electoral, Eduardo Peñaloza.

Sin embargo ninguno de los dos renunciará como les ha solicitado el presidente, Juan Carlos Varela, habida cuenta de que Ayú Prado debe estar en la presidencia de la CSJ hasta 2022 y Peñaloza hasta 2018.

Ya se aprobó un decreto mediante el cual los funcionarios designados no puede superar el período de gobierno de cinco años, pero en el caso de los mencionados deben ser removidos únicamente por la Asamblea Nacional, donde algunas bancadas han pedido destituir a todos los fiscales anticorrupción.

Las correcciones al respecto deben hacerse mediante una reforma constitucional aún en discusión que lleva un proceso largo y complicado, y todavía se debe definir qué tipo de cambio se hará, si paralelo como plantean el gobierno y algunos partidos, o de origen (una nueva Carta) sugerida por la sociedad civil.

Entretanto, el papel estelar en las demandas de investigación a fondo y castigo severo a quienes se les compruebe delito de corrupción, recae en Porcell y Humbert, quienes se han comprometido con los electores de ser imparciales y llevar hasta las últimas consecuencias el proceso caiga quien caiga.

La Iglesia Católica ha coincidido con el criterio del presidente Varela de que en el proceso investigativo y judicial no se tenga en cuenta al delincuente sino al delito, con lo cual ambos intentan contrarrestar la campaña del expresidente Martinelli de que él y sus exministros son perseguidos políticos.

Varela ha repetido con insistencia que el norte de su gobierno es la transparencia y el castigo a la impunidad, lo que confirma las aspiraciones de una sociedad ansiosa por resultados en ese sentido, y hasta ahora está actuando en consecuencia, pues ya hay numerosos exfuncionarios impugnados por corrupción.

Humbert es un exdiplomático, expresidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, expresidente del diario La Prensa y directivo del Banco General, y con esa hoja de vida hay incertidumbre sí será capaz de cumplir con el objetivo planteado o si responderá a su origen de clase.

Porcell, por su parte, es una persona de carácter, considerada una gran profesional y honesta con mucho conocimiento en el área para la cual fue designada y hasta el momento ha tenido una buena acogida tanto en las bancadas afines al gobierno como de la sociedad civil, y ha dicho que no traicionará esa confianza.

El vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Juan Carlos Araúz manifestó que como profesional, Porcell está calificada para desempeñarse en el cargo y que su principal reto será devolver la confianza que en lo jurídico está por encima de lo político.

Ambos, Porcell y Humbert, se estrenan con varios temas muy calientes entre los que sobresalen denuncias por corrupción a exministros de Seguridad, Salud, Obras Públicas, Educación, Desarrollo Social, Trabajo, directores del Programa de Ayuda Nacional y de otras entidades administrativas.

Además casos muy espinosos como el desfalco en la casa de valores Financial Pacific, uno de los más complicados porque implica a un desaparecido, una cuenta secreta a nombre de Martinelli para obtener información bursátil privilegiada, en el que se implica, además, a Ayú Prado.

El otro tema es el relacionado con los juicios por corrupción internacional en Panamá que se sigue a varias personas en Roma y Nápoles, y cuyo principal acusado es el empresario Valter Lavítola. Amigo de Martinelli, ya con una primera condena de tres años, y aún le restan dos juicios más.

El gobierno panameño ya logró de las autoridades italianas que lo considerara país víctima lo cual le confiere el derecho de participar en las vistas, y corresponderá a la nueva procuradora llevar ese proceso que involucra directamente a Martinelli y su exministro de Seguridad José Raúl Mulino.


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