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Ministro salvadoreño dice que falta de oportunidades es una causa de inseguridad

San Salvador. Agencia PL. | 18 de Febrero de 2015 a las 10:39

El secretario de Gobernabilidad y Comunicación de la Presidencia, Franzi Hato Hasbún, recalcó este miércoles que la inseguridad en El Salvador va más allá de los hechos delincuenciales y el gobierno trabaja por eliminar sus causas.

Dentro de los gérmenes que generan ese problema en el país sobresale la falta de oportunidades, señaló.

En ese sentido, urge invertir para crear fuentes de empleo, enfatizó el funcionario en una entrevista con la televisión local esta mañana.

Hato Hasbún explicó que sobre esa base, el presidente del país, Salvador Sánchez Cerén, gestiona un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo que permita impulsar las propuestas del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia para enfrentar la inseguridad que pasan por el incremento de la inversión.

Por otra parte, el secretario resaltó las novedades de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión propuesta por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y cuyo estudio ya comenzó.

La iniciativa parte de que la extorsión es una de las principales preocupaciones de la población y se considera consumada sin importar si la víctima pagó, detalló.

La propuesta de ley aumenta hasta una tercera parte la pena máxima establecida en la actualidad que es de cinco años y establece que la acción penal podrá realizarse de oficio, añadió.

También incluye que las operadoras de telecomunicaciones tendrían la obligación de adoptar medidas para bloquear la señal en centros penales desde donde se planifica y ordenan buena parte de las extorsiones y otros delitos vinculados a la delincuencia.

La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad, analizó ayer martes, junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara y el Fiscal General de la República, Luis Martínez, el proyecto de Ley.

La propuesta busca endurecer las penas de cárcel y la aplicación de herramientas judiciales, como la incautación de bienes producto del delito y el bloqueo de las señales telefónicas en los centros penales y granjas penitenciarias.


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