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Fracasa la depuración de Policía, afirman activistas hondureños

Tegucigalpa. Agencias. | 26 de Febrero de 2015 a las 12:11

La depuración de la Policía de Honduras que inició en abril del 2012 para expulsar a oficiales y agentes implicados en narcotráfico, sicariato y extorsiones, resultó fallida porque no removió a los involucrados en delitos, denunciaron este miércoles organismos de derechos humanos.

Omar Rivera, coordinador de la Alianza para la Paz y la Justicia, una agrupación de organizaciones de la sociedad civil, que incluye algunas defensoras de los derechos humanos, dijo que la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) "ha gastado en los últimos tres años 140 millones de lempiras (6,4 millones de dólares) en una depuración fallida".

Rivera expresó que tales cifras no llenan las expectativas que se generaron con el proceso, que debía sancionar a unos 4.000 agentes acusados de estar involucrados en crímenes.

El gobierno hondureño en noviembre del año 2011 la DIECP para "sacar las manzanas podridas" de la Policía, integrada por unos 10.000 miembros, luego de que la fiscalía comprobó que sedes enteras de la institución integraban bandas de narcotraficantes, sicarios, robacarros y extorsionadores, vinculados con los capos de la droga y las pandillas.

No obstante, el activista argumentó que "en los últimos 36 meses únicamente han remitido a la autoridad competente 445 casos investigados" y "solamente 39 han recibido sentencia condenatoria por actos reñidos con la ley".

Por su parte, el Ministerio Público de ese país detectó bandas del crimen dentro de la Policía luego de comprobar que miembros de una patrulla habían asesinado a dos estudiantes universitarios, uno hijo de la rectora de la Universidad Nacional, Julieta Castellanos.

El ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, estimó en una presentación ante el Congreso que unos 4.000 elementos policiales tendrían que abandonar la institución después de la depuración.

Las autoridades de la DIECP iniciaron la depuración a través de "pruebas de confianza" elaboradas por expertos para determinar si el patrimonio que poseen se corresponde con el salario que reciben, así como exámenes psicométricos y la aplicación del polígrafo o detector de mentiras.

Esa instancia envía los casos de sospechosos a la fiscalía, cuyas autoridades buscan las pruebas para presentar las acusaciones en los tribunales.

En tanto, la rectora de la Universidad Nacional denunció en la rueda de prensa que "en las estructuras intermedias se mantiene la protección para los criminales que lo asesinaron (a su hijo)" y "ese no es un problema personal sino de seguridad pública y seguridad ciudadana".


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