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Levanta controversia el acuerdo entre exmagistrado y fiscalía panameña

Ciudad Panamá. Agencia PL. | 27 de Febrero de 2015 a las 10:16

El acuerdo suscrito entre la fiscalía y el exmagistrado Alejandro Moncada Luna, tras declararse culpable por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsedad, genera controversias en la sociedad panameña.

La primera crítica llegó de su primo y abogado Gonzalo Moncada Luna, quien ayer renunció como defensor sustituto porque el pacto parece una "repartición de botín", al contemplar la liberación de 15 cuentas bancarias por 4,6 millones de dólares, aprehendidas en medio de la investigación.

"Me siento decepcionado con la decisión asumida por Alejandro...yo confié en él, le creí y le ofrecí mi apoyo incondicional y gratuito...pero para él no importó el apellido de nuestros padres y pudo más el dinero", señaló.

La Alianza Ciudadana Pro Justicia consideró que la alianza propicia la impunidad, al tiempo que cuestionó la devolución de las cuentas bancarias, que durante las pesquisas el fiscal dijo que eran parte del ilícito de enriquecimiento injustificado.

El citado arreglo judicial, pendiente de su ratificación por las juezas de garantías en una audiencia parlamentaria prevista para el 4 de marzo, también contempló el decomiso de dos apartamentos.

Por admitir su responsabilidad en estos hechos, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, pagará una condena de cinco años de cárcel, la cual podría ser reemplazada por las juezas de garantías a arresto domiciliario o servicio comunitario como contempla la ley.

La presidenta de la subcomisión de garantía, Katleen Levy, reconoció la existencia de un vacío legal en este proceso ya que no existe la figura de jueces de cumplimiento, tal y como lo establece el Código Procesal Penal.

Esta advertencia, que pudiera llevar a la nulidad del proceso, también fue hecha por el abogado Ernesto Cedeño, quien dijo que es el pleno de la Asamblea Nacional el único facultado para decidir sobre la pena a imponer a Moncada Luna.

Agregó que el tribunal no puede aumentar ni disminuir la sentencia, por consiguiente se mantendrá la propuesta de cinco años de prisión solicitada por el fiscal designado Pedro Miguel González, aunque las juezas de garantías están facultadas para determinar la forma.


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