Escúchenos en línea

Avanza la cruzada anticorrupción en Guatemala

Ciudad Guatemala. Agencia PL. | 7 de Julio de 2015 a las 09:44

La cruzada anticorrupción avanza en Guatemala, mientras al presidente Otto Pérez Molina se le complica cada día más gobernar en un terreno donde explotan a una velocidad inusitada escándalos sobre desvíos millonarios de fondos públicos.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público desarticularon en los últimos meses redes criminales en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el Seguro Social, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Congreso.

A los diputados del partido opositor Libertad Democrática Renovada (Líder) Luis Chávez, Mirza Arriaga, Mario Yanes y Mario Rivera, y al alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano, les solicitaron ayer antejuicios por su presunta vinculación en casos de corrupción.

Chávez, Arriaga y Yanes son sindicados por tráfico de influencias y abuso de autoridad por un intento de negociar la adjudicación de contratos con el ministro de Desarrollo Social, Leonel Rodríguez, quien los denunció, sostuvo la Fiscal General Thelma Aldana en rueda de prensa.

Sobre Rivera, Aldana aseguró que tiene más de nueve millones de quetzales (1,2 millones de dólares) en bancos del sistema y que posee cuatro casas, además de varios automóviles de lujo.

La jefa del Ministerio Público explicó que el antejuicio contra ese parlamentario es por posible enriquecimiento ilícito, pues presuntamente adquirió inmuebles que sobrepasan su capacidad adquisitiva.

Por su parte, el jefe de la Cicig, Iván Velásquez señaló que la familia de alcalde Medrano, y él, se beneficiaron con 24 millones de quetzales (3,1 millones de dólares) a raíz de transacciones sospechosas de fondos de la municipalidad de Chinautla a empresas a nombre de sus familiares.

Hace dos semanas el Ministerio Público comprobó el desvío de 52 millones de quetzales (6,7 millones de dólares) a cuentas personales y a una empresa en Panamá por parte de 13 personas, incluida el exsubdirector de Apoyo Logístico de la PNC, Héctor Rodríguez.

Los allanamientos del 23 de junio último ocurrieron 33 días después de que el gobernante aceptara la renuncia del ministro de Gobernación (Interior), Mauricio López, al frente de esa cartera cuando iniciaron las pesquisas el año pasado.

Quizás la mayor preocupación de quienes la temen es ser señalados próximamente por la Cicig, ente avalado de la ONU que apoya desde el 2007 al Ministerio Público y a la PNC a desmantelar cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

En este país centroamericano es un secreto a voces que la corrupción minó las estructuras de poder hace tiempo, y en ese sentido los guatemaltecos repiten en su lenguaje coloquial que cualquier funcionario podría "salir con la cola machucada".

Pérez Molina abogó este año por el fortalecimiento del sector justicia, pero "sin interferencia internacional", en alusión a la Cicig, organismo que concluía su actual mandato en septiembre venidero.

Sin embargo, el período de gestión de esa instancia internacional fue prolongado a dos años más después de destaparse el 16 de abril el escándalo de fraude aduanero, cuyo presunto cabecilla sería el prófugo Juan Carlos Monzón, exsecretario de Roxana Baldetti, quien dimitió el 8 de mayo.

La Cicig y el Ministerio Público solicitaron, además, un antejuicio contra el expresidente del Congreso Pedro Muadi, acusado de peculado y asociación ilícita.

El parlamentario, separado recientemente del partido Creo, es señalado por la sustracción de 630 mil quetzales (unos 81,7 mil dólares), indicó Aldana, al referirse a esa banda integrada por altos funcionarios.

Velásquez explicó que de junio a diciembre del 2013, los 15 guardias del equipo de seguridad de Muadi recibieron un sueldo por dos mil quetzales (259 dólares), sin embargo, el contrato era por ocho mil mensuales (mil 37 dólares).

Autoridades guatemaltecas arrestaron la semana pasada a nueve empresarios implicados con el caso de fraude aduanero, conocido como La Línea, en medio de la crisis política que atraviesa la nación este año electoral.

Miles de guatemaltecos salieron en los últimos tres meses a las calles a exigir en diversas protestas la renuncia de Pérez Molina y a pedir la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos.


Descarga la aplicación

en google play en google play