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Diálogo: táctica del presidente panameño en conflicto indígena

Ciudad Panamá. PL. | 13 de Agosto de 2015 a las 15:05

Enfrentado a una de las mayores adversidades políticas heredadas del anterior Gobierno, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, continuó personalmente una ofensiva de diálogo para evitar conflictos sociales con los grupos originarios, cuyos frutos cosecha hoy.

Tras un discurso cargado de explicaciones y argumentos del porqué no se podía cancelar el Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco (PHBB), el mandatario incorporó a la Mesa de Diálogo a la iglesia indígena Mama Tadta, uno de los grupos radicales que pedían la cancelación y demolición de la obra.

Ante una multitud de integrantes de la etnia Ngabe Buglé, reunidos ayer en el occidental poblado de Malí, centro de su Comarca, Varela reconoció que el PHBB fue mal concebido y estructurado, pero que él no tenía facultad para demolerlo, porque todo se hizo con apego a la Ley.

Propuso que los miembros de la iglesia indígena se sumaran a los trabajos por buscar una solución al conflicto existente por la hidroeléctrica, y juntos tratar de reducir al máximo el impacto que sobre la comunidad pudiera tener la instalación.

En sus palabras, el mandatario dijo que está "dispuesto a trabajar por la Comarca", para eliminar las escuelas ranchos, desarrollar carreteras y centros de salud.

Al frente de la multitud estaba la cacica suplente de Kodriri y líder de la iglesia Mama Tadta, Clementina Pérez, a quien el mandatario le recordó en su discurso que ellos confiaron mutuamente uno en el otro, por eso pudieron dialogar, y agradeció a los presentes por la oportunidad.

Pérez, quien aceptó ir a la negociación el próximo 24 de agosto, encabezó durante casi dos meses el bloqueo a las obras del PHBB, que impidieron a los trabajadores acceder a la central eléctrica, bajo la condición de que solo admitirían la cancelación de Barro Blanco y la demolición del muro de la represa.

Igualmente amenazó esta semana con bloquear el tráfico en el capitalino Puente de las Américas, que une ambas orillas del Canal de Panamá; además fue una de las que enfrentó a los antimotines durante la represión de 2012, orquestada en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).

En su encuentro con los indígenas, Varela llamó al diálogo a otros grupos que se oponen al proyecto y al acuerdo firmado recientemente con la cacica general de la etnia, Silvia Carrera y otros líderes comarcales, como el M-10 (Movimiento 10 de abril) y el M-22 (Movimiento 22 de septiembre).

Carrera hasta hace unos días participaba en los cierres de carreteras junto al M-10 y respaldaba la cancelación total de Barro Blanco, junto a otros protagonistas del nuevo pacto con el Gobierno.

El cacique regional Toribio García, a nombre del Congreso Tradicional y el M-22 rechazó el llamado del Presidente y respondió tajante: "yo no voy a la Mesa", según declaraciones a Prensa Latina.

Igual posición asumió Ricardo Miranda, líder del M-10, quien además considera que la firma del acuerdo por autoridades comarcales es una traición al pueblo Ngabe Buglé y afirmó a Prensa Latina, que el río Tabasará, donde se levanta el PHBB, "no está en venta".

Anteriormente se retiró del diálogo con el Gobierno, el Alcalde del distrito de Muná, Rolando Carpintero, a cuyas espaldas fraguaron en secreto el reciente pacto, pese a ser autoridad elegida y encontrarse el PHBB en su jurisdicción, expresó.

Profundamente conmocionado por la actuación de sus compañeros, Carpintero dijo a Prensa Latina que se levantó de la Mesa con el Gobierno, pero nunca rompió con las autoridades de la Comarca, quienes no le informaron, y ni siquiera comentaron lo que pretendían hacer.

Consideró que un acuerdo de esa índole debió consultarse antes con el pueblo, o al menos hacer un congresillo para analizarlo, pero aseguró que a pesar de ello, no estimulará a la comunidad a manifestarse en contra, como lo acusó el Gobierno, sino que se subordinará a la mayoría.

Para algunos, el dividido movimiento indígena acatará los acuerdos que emanen del diálogo, y esperará por las promesas de desarrollo del mandatario; los menos optimistas, pronostican que un sector del pueblo originario retomará la lucha contra las hidroeléctricas.


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