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Judicializan demandas de los pueblos indígenas panameños

Ciudad Guatemala. Agencia PL. | 7 de Noviembre de 2015 a las 14:49

El gobierno de Guatemala, en alianza con empresas transnacionales, desarrolla una estrategia orientada a judicializar las demandas legítimas de los pueblos, asegura este sábado el Consejo de Pueblos Mayas (CPO).

Un sinnúmero de demandas penales interpuestas contra líderes comunitarios y acciones que mantienen en prisión a más de una decena de ellos corroboran la respuesta agresiva del Estado contra las exigencias de esos pueblos desde 2005, declaró el delegado de la nación Popti ante esa organización, Francisco Mateo Morales.

Recordó que llevan más de una década de decirle al gobierno y a las empresas en más de 80 consultas de buena fe, en 80 municipios, en las que participaron más de dos millones de personas, que no quieren la minería, que no quieren ese modelo económico que atenta contra la vida, afirmó.

Sin embargo, los proyectos extractivos, como minerías e hidroeléctricas, se siguen imponiendo sin el consentimiento de las comunidades directamente afectadas, lamentó citado por el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua).

Morales opinó que en Guatemala, el Estado nunca reaccionó a estas demandas por los cauces democráticos y es más, encontró la manera más perversa de diluir la presión social y negar los derechos legítimos de las comunidades, a través de la criminalización de las luchas sociales.

A su juicio ello es parte de una estrategia del Estado y las empresas encaminada a desmovilizar las protestas comunitarias, que comenzó con deslegitimar las consultas de buena fe convocadas por comunidades indígenas a partir del intento, durante la administración de Álvaro Colom (2008-2012), de imponer un reglamento que nunca fue consultado con esos pueblos y descalificar a quienes encabezaron el rechazo a los denominados megaproyectos.

Consideró que con el gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015) a la deslegitimación y descalificación se sumó la conversión de funcionarios gubernamentales en operadores políticos de las empresas y el accionar de estos para imponer los proyectos ante las autoridades locales, con lo cual se agravó la conflictividad.

"Llegan a las comunidades, identifican personajes, llevan a cabo acciones violentas provocadas de forma deliberada y responsabilizan de ellas a los líderes", quienes luego enfrentan procesos judiciales por tales hechos, señaló.

El fuerte acompañamiento mediático es parte de este juego, con el propósito de crear en el imaginario nacional que los líderes que luchan por la defensa del territorio son terroristas, delincuentes, y hay que castigarlos y meterlos a la cárcel, agregó el representante indígena.

"Queremos ser sujetos de derecho, estamos exigiendo que el Estado no nos siga viendo como un estorbo en un proceso de desarrollo que se está implementando queremos ser sujetos de derecho", concluyó.


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