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Un año de fuertes presiones populares en Panamá

Ciudad Panamá. Por Nubia Piqueras Grosso */PL | 7 de Diciembre de 2015 a las 11:37

Cierres de calles, escándalos de corrupción, encarecimiento del nivel de vida, protestas indígenas, obreras y sociales matizaron el panorama político de Panamá en 2015, un año también de ajustes en las estrategias gubernamentales.

Y es que a un año y medio de su llegada a la presidencia contra todos los pronósticos, muchas son las promesas de Juan Carlos Varela que todavía aguardan por respuestas para que "el pueblo sea lo primero", como aseguró en campaña.

Las más apremiantes están asociadas a la inseguridad, la desaceleración de la economía, la ejecución de obras sociales, el acceso a educación y salud de calidad y el encarecimiento de la canasta básica, pese a los precios protegidos de 22 productos.

Para algunos analistas, los programas de beneficio social como Barrios Seguros no resultan suficientes para dar respuesta a una población agobiada por problemas, que guardan más relación con el sistema político que con el Gobierno de turno.

Entre ellos sobresalen la extrema diferencia social creada por el neoliberalismo y la inequidad en el reparto de las riquezas, algo que es reconocido oficialmente en el discurso político.

La propia dinámica del desarrollo del país apunta a más puertos y actividades relacionadas con la transnacionalización de la economía, en aras de crear un modelo excluyente que profundiza la desigualdad y genera tensiones sociales crecientes.

Este es el caso de la hidroeléctrica de Barrio Blanco, que durante varios meses fue motivo de disputa entre los pobladores de la comarca Ngabe Buglé, el Gobierno y la constructora transnacional Generadora del Istmo S.A. (Genisa)

Los indígenas opuestos al proyecto desde su concesión en 2009, aseguran que esta obra afectaría directamente a 270 personas que viven cerca de la cuenca del río Tabasará, el cual será represado, e indirectamente a tres mil que dependen de ese afluente para sus actividades productivas.

POR UNA EDUCACIÓN Y SALUD DE CALIDAD

Por otra parte, las manifestaciones de alumnos, profesores y padres ante el deterioro de algunos centros docentes públicos y las críticas por la extensión de la jornada de clases a ocho horas, sin condiciones materiales, generaron también un fuerte debate nacional.

El reciente Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo realizado en 15 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Panamá, reveló el bajo nivel de la educación en la nación istmeña en asignaturas como español, matemática y ciencias naturales.

Deficiencias que según el Ministerio de Educación pudieran suplirse con la jornada extendida de clases, cuyo fracaso pronosticó de antemano la Unidad Magisterial Libre debido a la falta de estrategia y planificación.

La vicepresidenta del Grupo Unidos por la Educación, Nivia Rossana Castrellón, lamentó que los resultados evaluativos regionales no estuvieran acordes con el crecimiento que experimenta el producto interno bruto del país, el cual constituye uno de los más elevados de la región, 46 mil 212 millones de dólares al cierre de 2014.

Sin embargo, dirigentes del sector refieren que el Gobierno solo asigna un tres por ciento del producto interno bruto a la educación, cuando la cifra en otros países del continente oscila entre el seis y 10 por ciento.

Pero la enseñanza no fue la única punta de lanza de las protestas, la falta de insumos y de políticas de Estado bien estructuradas a largo plazo en la salud colmaron la paciencia de muchos panameños, que durante 2015 clamaron por mejores condiciones y atención en los centros públicos.

La doctora Ingrid Perscky aseguró que en Panamá no existe un mecanismo que esboce cómo administrar un sistema de salud organizado, con énfasis en la prevención.

El problema, apuntó, es que los médicos están totalmente desgastados por unas instituciones que no les proveen de las herramientas para dar una buena atención en algunos casos.

Al referirse a la integración del Ministerio de Salud con la Caja del Seguro Social (CSS), otro de los temas en debate, dijo que eso implicaría una catástrofe política y social, porque primero debemos sanear cada institución, para después resolver el déficit de personal.

A todo ello se suma la polémica sobre las fuentes de ingreso para garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones, así como del fondo del programa de Invalidez, Vejez y Muerte, que según el director general de la CSS, Estívenson Girón, podría entrar en riesgo a partir de 2017.

COMBATE FRONTAL A LA INSEGURIDAD

Pese a estos contratiempos, el actual mandatario tiene en su haber varios programas de aceptación social como Barrios Seguros, que busca la reinserción a la sociedad de los jóvenes en riesgo y reducir las tasas de homicidios y otros delitos graves.

Datos oficiales revelan que desde su instauración en 2014, unos cinco mil jóvenes pertenecientes a pandillas entregaron sus armas para recibir formación técnica en aras de reinsertarse al mercado laboral.

Estrategia que permitió bajar las cifras de delitos en el país, en tanto según el Sistema Nacional de Estadísticas Criminales, hasta noviembre de 2015 se registraron unos 490 asesinatos, 160 menos con respecto al año anterior.

A pesar del descenso que muestran los números, todavía la percepción ciudadana dice mucho de la inseguridad en el país, ya que algunos planes de inversión social son considerados cosméticos, pues no contemplan a la pobreza y a la marginación como causas de las conductas delictivas.

Pero, amén del paso lento en decisiones que ameritan más rapidez, la ciudadanía reconoce que con el actual Gobierno hay más diálogo y transparencia, al punto que hoy los panameños comienzan a recuperar la confianza en la justicia, según refieren algunos sondeos de opinión.

La falta de oposición política le permitió a Varela, en su primer año de mandato, trazar estrategias sin grandes presiones, y entre las más novedosas destaca la realización de gabinetes presidenciales en las comunidades más pobres.

No obstante, la gente reclama el fortalecimiento de la Asamblea Nacional, permeada por escándalos de corrupción, y la dinamización de la economía, la cual en los últimos 14 años creció de 13 mil millones de dólares a 45 mil millones.

Pese a las críticas, Varela aseguró que por el momento no habrá cambios sustanciales en el gabinete, que en el caso de algunos ministerios no logran estar en sintonía con el discurso del Presidente, lo cual generó malestar en la población.

"Hay que reconocer que los ministros dedicaron el 50 por ciento de su tiempo a tratar de componer situaciones que encontraron muy complicadas en los proyectos de infraestructura en ejecución", declaró.

Por lo pronto, con los ojos puestos en el actuar de la justicia por la cantidad de casos de alto perfil pendientes, los panameños recibirán el 2016, un año decisivo para la implementación de ambiciosos proyectos como la línea dos del Metro y la culminación de otros, entre ellos la ampliación del Canal.

*Corresponsal de Prensa Latina en Panamá.


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