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Asamblea salvadoreña quita facultad a CSJ para perseguir enriquecimiento ilícito

San Salvador. Agencias. | 17 de Diciembre de 2015 a las 15:36

Con 47 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa suprimieron por completo la facultad constitucional de la Corte Suprema de Justicia para iniciar juicios civiles por enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos.

Los expresidentes Mauricio Funes, Elías Antonio Saca y Francisco Flores, quedarían fuera de la investigación por enriquecimiento ilícito que lleva a cabo la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior se desprende en virtud de como quedó redactado el Artículo 49 de la nueva Ley de Probidad que en la sesión plenaria de ayer se aprobó tras fuertes cuestionamientos de la bancada de ARENA de que es una normativa que no detectará ni combatirá los casos de corrupción de funcionarios públicos, publicó El Diario de Hoy. Ayer, la Asamblea Legislativa derogó la Ley sobre Enriquecimiento ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, que databa de 1959.

Ahora, la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia podrá "dar aviso" a propuestas de la sección de Probidad de la CSJ, a la Fiscalía General de la República de posibles indicios de delitos, enriquecimiento ilícito, infracciones administrativas o de bienes sujetos a extinción de dominio, de acuerdo al artículo 45 de la Ley de Probidad, informó el diario El Mundo.

El diputado René Portillo Cuadra, de ARENA, intentó hacer reformas a la ley una vez ya votada cuando se pasó a la aprobación artículo por artículo pero ninguna de sus propuestas prosperó.

Portillo Cuadra señaló que la “verdadera trampa” de la ley se demostró en la redacción del artículo 49, el cual reza así: “Los procesos pendientes se continuarán tramitando conforme a la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos hasta su finalización, siempre que se haya iniciado el juicio sobre enriquecimiento ilícito ante la Cámara de lo Civil competente”.

Los exfuncionarios que aún tienen procesos de investigación en trámite en la Sección de Probidad quedarían prácticamente fuera de la nueva ley, ya que esta deroga a la ley de Enriquecimiento Ilícito, bajo la cual la Sección de Probidad inició las indagaciones de presunción de enriquecimiento ilícito.

Fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, quien informó en días pasados que los expresidentes Funes, Saca y Flores son parte de los 19 casos que la Sección de Probidad tiene en curso.

Pineda Navas reiteró ayer que están esperando el informe de la Sección de Probidad sobre los 19 casos.

Así los únicos que no se salvarían de aplicárseles la nueva ley son: el diputado Reynaldo Cardoza, del PCN, y al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Leonel Flores, porque ya se encuentran en la fase que dice el artículo 49: “se ha iniciado el juicio sobre enriquecimiento ilícito ante la cámara de lo Civil competente”.

Función de la Sala de lo Civil en ley Probidad

La cuestionada responsabilidad que ahora tendrá la Sala de lo Civil de la Corte Suprema por parte de las organizaciones sociales que trabajaron en uno de los proyectos que fueron tomados en cuenta para la redacción de la nueva ley, será la de imponer la sanción pecuniaria, afirma la diputada Rivera y publicó El Diario de Hoy.

El artículo 28 de la ley menciona que: “la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia tendrá competencia para conocer de las infracciones a las obligaciones contenidas en la presente ley y la Sección de Probidad tendrá la obligación de sustanciar los procesos de acuerdo con las normas de este capítulo”.

De acuerdo a la ley aprobada, la Sección de Probidad tendrá facultad para “pedir a todos los funcionarios y empleados públicos, personas naturales y jurídicas 2” información pertinente incluso “aquella que goce de calificación legal de reservada, secreto bancario, declaraciones de impuestos y otras similares”.

La nueva ley amplía la lista de funcionarios y empleados públicos obligados a declarar sus bienes, al inicio y cese de funciones, o cada tres años si su cargo es prolongado, como el de los jueces.

También, aumenta las multas, que oscilan entre 100 y 10 mil colones, es decir, entre US$11,42 y US$1.142,8., a un rango entre US$503,4 a US$10.068. La ley no menciona la inhabilitación a funcionarios como una sanción, como la ley derogada, informó diario El Mundo.


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