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Gobierno pide libertad condicional a unos 1,500 reos salvadoreños

Agencia ACAN–EFE. Desde San Salvador. | 13 de Septiembre de 2007 a las 00:00
El gobierno salvadoreño ha solicitado al parlamento reformas a ley Penitenciaria y Código Penal para permitir la libertad condicional a unos 1.500 reos de la tercera edad o que sufren de alguna enfermedad en fase terminal. El director general de Centros Penales, Gilbert Cáceres, informó hoy de que el beneficio aplicaría para reos que hayan cumplido al menos la mitad de la pena, la cual tendría que exceder a tres años, y que los casos serían evaluados en forma individual por el sistema carcelario y otras instituciones. Las reformas fueron presentadas ayer a la Asamblea Legislativa por el ministro de Seguridad Pública y Justicia, René Figueroa, quien declaró a la prensa que la medida ayudaría a resolver el problema de hacinamiento que existe en los 18 centros penales del país. Cáceres informó, en una entrevista con Telecorporación Salvadoreña (TCS), que en la actualidad hay un total de 16.770 reos a nivel nacional y los centros penales tienen capacidad para albergar a 7.300. Indicó que del universo de reclusos, un 63 por ciento está en cumplimiento de penas y el resto ya ha sido procesado. Explicó que los reos que podrían ser beneficiados con libertad condicional por salud o edad avanzada tendrán que ser evaluados también en su comportamiento dentro de los penales, así como por los delitos que cometieron. Cáceres informó de que la libertad condicional no aplica para quienes hayan cometido homicidios, los que se encuentren recluidos en cárceles con régimen especial, los condenados por secuestro o privación de libertad. Asimismo, para quienes hayan sido condenados por extorsión, robo agravado, violaciones o agresiones sexuales contra menores o personas discapacitadas, así como por delitos vinculados a drogas. Indicó que el decreto legislativo, que tendría vigencia por un año, podría beneficiar a un máximo de 1.500 personas. El Ejecutivo también ha presentado reformas al Código Penal para aumentar en un año más de cárcel la condena establecida para quienes se fuguen o colaboren para que otros lo hagan. En la actualidad la pena es de 2 a 3 años y se ha propuesto aumentar de 2 a 4 años, lo cual se suma a la condena que ya tendía el reo. Cáceres indicó que con ello se pondría "un candado con más dientes", sobre todo para los reclusos en fase de confianza que salen a trabajar al exterior de los centros penales o a cumplir tareas de beneficio social.

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