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Estiman positivo apoyo a medidas contra delincuencia en El Salvador

San Salvador. PL. | 4 de Abril de 2016 a las 09:39

La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas) consideró el lunes positivo el apoyo de todos los partidos salvadoreños, incluyendo a Arena, a las medidas impulsadas por el Ejecutivo contra la inseguridad.

"Es una buena señal", indica en un editorial al referirse al "partido oligárquico que ha saboteado algunas políticas gubernamentales de seguridad y hasta negoció con cabecillas pandilleriles para intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2014".

 Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se sumó la semana pasada al consenso legislativo sobre las medidas orientadas a recuperar el control de los centros penales y a combatir más efectivamente los grupos criminales.

 Arpas considera que esa actitud no es motivo para que los vínculos y negociaciones de Arena con las pandillas, evidenciadas en un reciente video divulgado por medios de prensa, queden impunes.

 "La Fiscalía debe investigar a los diputados Ernesto Muyshondt y Norman Quijano, al alcalde Salvador Ruano y demás funcionarios o dirigentes areneros involucrados en esa trama vergonzosa", subraya Arpas.

 Por otro lado, critica la negativa de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de la Sala de lo Constitucional, para desbloquear 900 millones de dólares en bonos, que servirían para financiar planes de seguridad.

 Califica de "mezquindad política" la decisión de magistrados de la Sala "de sabotear los ingresos del gobierno".

 El pasado viernes, el presidente Salvador Sánchez Cerén sancionó el decreto con las disposiciones especiales transitorias y extraordinarias para centros y granjas penitenciarias, con el fin de contribuir a la seguridad en El Salvador.

 Ese día, la Asamblea Legislativa aprobó, con 84 votos, el decreto cuyo fin es adecuar la infraestructura, asegurar la eficacia del sistema y proteger a la población de manera permanente de las acciones delictivas que se originan desde los centros penales como asesinatos y extorsiones.

 El decreto, que entró en vigencia el propio viernes, será efectivo por un año.

 "La situación de violencia criminal requiere la actuación decidida de todas las instancias estatales y la unidad de los diversos sectores nacionales. La seguridad pública debe estar siempre por encima de los intereses políticos de los partidos y del afán lucrativo de las empresas", concluye Arpas.


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