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Ministerio Público de Tegucigalpa sigue tomado por miembros del Copinh

Tegucigalpa, Honduras. Agencias. | 7 de Abril de 2016 a las 12:09

Por tercer día consecutivo un grupo de integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) continuaron este jueves con la toma de las instalaciones de las oficinas del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa, capital del país, exigiendo justicia por el asesinato de Berta Cáceres.

Los manifestantes exigen que los fiscales hondureños actúen en contra de los asesinos de la líder indígena quien fue ultimada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su casa en la ciudad de La Esperanza, Intibucá.

Solicitan además que una comisión internacional investigue el crimen de Cáceres, ya que hasta el momento no han tenido ninguna respuesta por parte del Estado hondureño, y el retiro de actividades por parte de una empresa hidroeléctrica en su territorio.

Laura Zúniga Cáceres, hija de la activista asesinada, manifestó que han sido reprimidos por parte de policías cobras quienes tienen en su poder bombas lacrimógenas, sin embargo, anunció que la protesta continuará de manera indefinida hasta obtener una respuesta.

"No hemos tenido ninguna respuesta más que la represión, ayer nos golpearon a dos compañeros enfrente de nuestras caras, además han habido carros de la Policía filmando, sin placa, de forma intimidatoria", sostuvo Zúniga.

Yuri Mora, portavoz del MP, indicó que se cumplen tres días de toma en las oficinas centrales impidiendo brindar atención a los ciudadanos, sin embargo, en el resto del país las labores se desarrollan de manera normal.

"Diariamente vienen un aproximado de 100 personas a interponer sus denuncias y muchos abogados a darle continuidad a sus casos por lo que hacemos un llamado a que hoy no se hagan presentes porque no se está prestando la atención correspondiente", manifestó Mora.

Agregó que la atención a ciudadanos no se está brindando debido a la protesta; pero los empleados del Ministerio Público, entre ellos, fiscales, continúan con sus labores normales ya que ellos sí están ingresando.

Como coordinadora general de Copinh, Cáceres había encabezado protestas contra Desa, que construye una represa hidroléctrica en el río Gualcarque, en territorio de los indígenas lencas, por lo que había recibido amenazas de muerte.

A raíz de sus denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), con sede en Washington, había dictado medidas cautelares pero en el momento del asesinato carecía de seguridad por parte del Estado.


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