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Critican postura de empresarios contra el gobierno salvadoreño

San Salvador. Agencia PL. | 12 de Abril de 2016 a las 10:46

La Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador (Arpas) reprochó este martes la postura de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), contraria al aumento de los ingresos del gobierno.

En un editorial publicado este día, Arpas, refutó una declaración negativa del presidente del gremio empresarial, Jorge Daboub, sobre la aprobación de un préstamo por 100 millones de dólares en la Asamblea Legislativa para financiar las medidas excepcionales de seguridad pública que impulsa el Ejecutivo.

"A los diputados les dieron atol con el dedo", escribió Daboub en su cuenta en twitter al referirse al aval legislativo para que el gobierno negocie un préstamo que el parlamento podrá después ratificar o rechazar.

Arpas considera que estas declaraciones "desentonan totalmente con el sentido de unidad nacional que existe alrededor de las acciones extraordinarias contra la violencia criminal".

"¿Está la ANEP a favor de la seguridad de la población o del actuar de las pandillas y crimen organizado?", cuestiona la Asociaciónde qué lado está la Anep al oponerse al financiamiento de las medidas urgentes de seguridad.

Recalca que "su rechazo al préstamo para seguridad es congruente con la postura de ANEP contraria al aumento de los ingresos del gobierno, sean éstos para seguridad, programas sociales o hasta pagar la deuda que dejaron los gobiernos de Alianza Republicana Nacionalista (Arena)".

Advierte que la gremial empresarial se opone a cualquier medida orientada a combatir la evasión y la elusión tributaria, rechaza la reforma fiscal progresiva y critica la aprobación de préstamos para financiar políticas, planes y programas de seguridad pública.

Al mismo tiempo la ANEP aplaude las acciones de la Sala Constitucional que boicotean los ingresos estatales entre ellas el congelamiento de los 900 millones de dólares en bonos.

El gremio empresarial rechaza también la propuesta de un impuesto especial para la seguridad que podría cobrarse a las empresas importadoras y distribuidoras de armas, a las compañías de seguridad privada y otras que se lucran con la violencia e inseguridad que agobia al país, enfatiza.


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