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Dirigentes demandan fallo contra Ejecutivo de Guatemala por conflictos de tierra

Ciudad Guatemala. Por Isabel Soto Mayedo/PL | 18 de Mayo de 2016 a las 12:30

Dirigentes comunitarios y del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) exigieron a la Corte de Constitucionalidad resolver contra el Ejecutivo de Guatemala por el abandono y abuso cometido contra los pueblos originarios con conflictos de tierras.

Previo a la vista pública del recurso presentado el 3 de marzo de 2016 contra las autoridades de ese órgano de poder, por falta de voluntad política para solucionar el problema agrario de la comunidad indígena qeqchí Santa Elena Sanmanzana II, de Alta Verapaz (norte), instaron a los magistrados a actuar conforme a derecho y emitir una sentencia firme.

De igual modo pidieron al presidente de la república cumplir con los compromisos asumidos por su antecesor en abril de 2015 y que dicte de una vez el acuerdo gubernativo orientado a garantizar la regularización de las tierras y la adjudicación de las mismas a esa población originaria.

Solicitaron la pronta acción del Estado para solucionar los conflictos agrarios en el país, lo cual beneficiaría a varias comunidades campesinas; al mismo tiempo que abogaron por el cese de la discriminación, racismo, desigualdad, violencia, criminalización, y persecución a los pueblos originarios y sus liderazgos.

También llamaron a la Procuraduría de los Derechos Humanos a vigilar este proceso y a presentar una resolución de conciencia contra los funcionarios responsables de la violación de los derechos de esa comunidad.

Datos ofrecidos por el activista Selvin González dan cuenta de unos siete mil 166 conflictos agrarios en los últimos 18 años: unos cinco mil 333 por disputa de derechos, 155 por límites territoriales, 862 por recuperación y 816 por regulaciones.

La falta de implementación de una política de desarrollo rural integral, de una política agraria, y la no aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Integral 40-84, entre otros factores, provocan el incremento de esas situaciones, consideró.

El caso de Santa Elena Sanmanzana II data de más de medio siglo y es de los más emblemáticos, coincidieron autoridades comunitarias y aludieron a los métodos represivos enfrentados en estos años, como el acoso, los ataques, detenciones arbitrarias y encarcelamientos sin el debido proceso.

"Son 50 años de lucha, 22 de ellos de búsqueda por la vía legal, paralelo al reforzamiento de los problemas", afirmó el representante legal de la comunidad Lorenzo Popo, quien denunció las heridas de balas recibidas por tres compañeros y los desalojos extrajudiciales practicados por orden de finqueros de la zona.

"La nuestra es una batalla no sólo por Santa Elena Sanmanzana II, sino por muchos que en todo el país viven situaciones similares", subrayó.

"Este es un caso que se resuelve con voluntad política, a través de un acuerdo gubernativo que declare esas tierras parte del fondo del Estado y luego sean entregadas a sus verdaderos dueños", enfatizó el delegado del CCDA José Chic, en respuesta a Prensa Latina.


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