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Aseguran que desprotección e impunidad acechan a defensores medioambiente en Honduras

Tegucigalpa. Agencia EFE. | 1 de Septiembre de 2016 a las 12:01

El Estado hondureño "ha fallado" en dar protección efectiva a los defensores del medioambiente y la tierra, quienes sufren una situación de perpetua violencia debido a la impunidad reinante en el país, dijo este jueves Amnistía Internacional (AI).

"Desprotección, violencia e impunidad. Estas son las palabras que mejor definen la situación de las personas defensoras de los derechos al territorio y el medioambiente" en Honduras, indicó el informe "Defendemos la tierra con nuestra sangre", difundido este jueves por AI.

En Honduras, agregó, los activistas por el medioambiente y la tierra "son víctimas de episodios de violencia que incluyen asesinatos, quema de sus pertenencias, amenazas y uso desproporcionado de la fuerza durante desalojos y allanamientos".

Amnistía recordó que Honduras fue clasificada por la organización no gubernamental Global Witness como el país con el mayor número de asesinatos de defensores del ambiente y la tierra per cápita del mundo, con 12 ocurridos en 2014.

En el país centroamericano "una gran cantidad" de activistas ambientales cuentan con cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que solicita al Estado "medidas apropiadas para proteger la vida e integridad personal" de estas, y que "investigue de forma exhaustiva los ataques e incidentes de seguridad que fundamentan la adopción de tales medidas".

"Sin embargo, el Estado ha incumplido su obligación de implementar medidas de protección efectivas", añadió Amnistía, y puso como ejemplo el asesinato a tiros en su casa, en marzo pasado, de Berta Cáceres, la coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPINH).

Por el caso de Cáceres, que tenía medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde octubre de 2015, hay hasta ahora hay cinco personas detenidas, uno de ellos un empleado de una empresa que impulsa un proyecto hidroeléctrico.

AI expreso que "le preocupa el enfoque mayormente policial en la implementación de las cautelares por parte de las autoridades hondureñas", que en general se limitan a "brindar el número de teléfono de un comisionado de policía y realizar patrullaje policial con periodicidad específica".

Otras medidas más estructurales y que favorecen "un ambiente para la defensa de los derechos humanos no son tenidas en cuenta", como que haya investigaciones imparciales, exhaustivas y oportunas de los ataques contra los defensores, o que se desarrollen "campañas dirigidas al reconocimiento de su legítima labor", añadió.

Amnistía agregó que pudo establecer que las investigaciones de asesinatos, ataques a la integridad personal, amenazas y hostigamientos contra los ambientalistas "no avanzan y, en consecuencia, los responsables de estos ataques no son sancionados".

"El Estado debe tomar medidas para poner punto final a la impunidad y de esta forma, crear un ambiente favorable a la defensa de derechos humanos en el país", aseguró Amnistía.

Agregó que la aprobación de la Ley de Protección para las y los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, en abril de 2015, "es un paso positivo".

"Honduras tiene la oportunidad de abordar de forma integral la protección" de los defensores del medioambiente y de los derechos asociados al acceso a la tierra, y el Estado tiene el reto de promover discusiones "incluyentes sobre los mecanismos y medidas de protección" para los activistas, indicó.

AI basó su informe, que abarca la situación de los defensores del medioambiente en Honduras y Guatemala, en entrevistas realizadas entre enero y julio pasados a defensores, incluso encarcelados, organismos de apoyo legal a los mismos y autoridades de diversos niveles de ambos países.


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