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Operación «Tormenta de fuego» desarticula bandas criminales en Honduras

Tegucigalpa, Honduras. Agencias | 30 de Enero de 2017 a las 14:35

Autoridades hondureñas realizan desde la mañana de este lunes la operación “Tormenta de Fuego” a nivel nacional con el objetivo de dar con el paradero de bandas criminales.

La acciones se llevan a cabo en 30 ciudades de los 18 departamentos de Honduras y se pretende hacer inspecciones en centros escolares y hospitales públicos y privados, ejecutar órdenes de captura por diferentes delitos.

Asimismo se desarrollan allanamientos en busca de armas y drogas, retenes, decomiso de expedientes en Alcaldías y Secretarías de Estado.

Hasta el mediodía se habían secuestrado documentación de la alcaldía de Ojojona; el Programa de Asignación Familiar (Praf), donde se investiga un programa que esta institución dejó de ejecutar; los Juzgados de San Pedro Sula también fueron allanados en búsqueda de documentación.

Esta tarea policial será ejecutada de igual forma en los mercados y zonas "calientes" con el objetivo de desarticular bandas criminales dedicadas al sicariato y verificar falsificación de marcas.

Autoridades del Ministerio Público ya reportan sobre las primeras capturas en Chamelecón y en El Progreso, al norte de Honduras.

Mientras que en Tegucigalpa las colonias que son objetivo de estos operativos son: Los Pinos, San Miguel, Villanueva, La Cazuela, Reparto por arriba y Simón Bolívar.

En Comayagua el escuadrón canino participa en los allanamientos en busca de droga e indicios de delitos.

Por su parte, la Fiscalía del Ambiente informó que logró la captura de Miguel Vásquez y Alfredo Jiménez por transporte ilegal de Producto Forestal.

Al final de los operativos se espera que se contrarresten flagelos como el tráfico de drogas, extorsión, asociación ilícita, portación ilegal de armas, asesinato, homicidio, robo, explotación sexual comercial, violación, actos de lujuria, tráfico de madera, fraudes y corrupción.

Además, verificar si se cumplen con los descuentos y el trato a las personas de la tercera edad, si los alimentos que se venden están en buen estado, si los centros educativos privados tienen sus permisos y condiciones de acuerdo a lo establecido por la ley, si hay medicinas en los hospitales públicos, entre otros.


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