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Proyectado puerto panameño afrontará una batalla legal

Ciudad Panamá. Agencia PL. | 2 de Marzo de 2017 a las 10:20

El controvertido proyecto para construir un puerto en la entrada pacífica del Canal de Panamá entró en una batalla legal, en la cual el Colegio Nacional de Abogados (CNA) estudia este jueves proponer su inconstitucionalidad.

El abogado Santander Tristán, quien lidera el enfrentamiento, criticó que la Autoridad del Canal (ACP) utilice indebidamente el capítulo de la Constitución que le otorga poderes extraordinarios para administrar la ruta y sus áreas aledañas.

En una interpretación jurídica de la Carta Magna, el letrado dijo que si bien les corresponde aprobar 'los planes de construcción, uso de las aguas, utilización, expansión, desarrollo de los puertos y de cualquiera otra obra o construcción en las riberas', a renglón seguido los incluye en 'la estrategia marítima nacional'.

Esto último es potestad de la Autoridad Marítima (AMP), aseveró Tristán, quien no rechaza el puerto per se, sino que el CNA propone un diálogo para analizar la conveniencia de usar un manglar de la ribera este para construir la rada en la zona conocida como Corozal, al lado de una comunidad de vecinos.

'El Puerto de Corozal fortalecerá la ruta por Panamá ofreciendo mayor capacidad para el trasbordo de carga en el Pacífico, con acceso al ferrocarril transístmico', aseveró la ACP en un comunicado, donde ofreció plazo hasta el próximo viernes para que las empresas precalificadas entreguen sus propuestas económicas.

Los operadores portuarios participantes en la licitación son: APM Terminals B.V. y Terminal Investment Limited, S.A. (Holanda), Terminal Link (Francia) y PSA International Pte., Ltd (Singapur), según la fuente.

Las opiniones y argumentos a favor y en contra del megaproyecto enfrentan a sectores empresariales, políticos y sociales, que entre sí dudan de los intereses de cada cual en este polémico tema.

Mientras, directivos del vecino Panamá Ports intentan demostrar que el mercado no aconseja ampliar capacidades porque la demanda disminuyó, y desde la contraparte acusan a esa administración portuaria por actuar por sus propios intereses, alejados de los beneficios nacionales.

Vecinos del lugar presentaron ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos una medida cautelar contra el proyecto, alegando que desmejora su derecho a la vida, la propiedad y a vivir en tranquilidad, por el trasiego de equipos pesados y el ruido.

Sobre el tema, la ACP reiteró recientemente que como primer paso levantarán una barrera perimetral antirruido, para mitigar las afectaciones de la terminal sobre la comunidad contigua y se desarrollará bajo el modelo de 'puerto verde' con estándares ambientalmente amigables.


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