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Comisión contra impunidad en Guatemala, esta en la cuerda floja por falta de recursos

Agencia Prensa Latina. Desde Ciudad Guatemala. | 23 de Noviembre de 2007 a las 00:00
La puesta en marcha de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) a partir del próximo año enfrenta serias dificultades por la falta de recursos financieros y la oposición de algunos sectores. Aunque la entidad fue aprobada en el Congreso de la República y la Organización de Naciones Unidas (ONU) nombró al jurista español Carlos Castresana como su director, la creación de la contraparte guatemalteca tiene severas limitaciones. La principal de ellas será la falta de financiamiento, pues en la discusión del presupuesto del estado para 2008 se bajó la asignación para la CICIG de 50 a 10 millones de quetzales (de 6,6 a 1,3 millones de dólares). Ese dinero serviría para pagar los salarios de los investigadores guatemaltecos vinculados con la Comisión, así como sus gastos de instalación, pues el personal internacional y la oficina como tal dependerán de la ONU. Según el presidente de Guatemala, Oscar Berger, el gobierno negociará con los diputados para mantener la partida original y poner a funcionar el organismo el año entrante, como está previsto. Por otra parte, un grupo de abogados presentó ante la Corte de Constitucionalidad un recurso contra la puesta en marcha de la CICIG, bajo el alegato de supuestas violaciones a la soberanía nacional y la carta magna guatemalteca. Los magistrados tendrán que pronunciarse en los próximos días sobre si contradice o no la constitución el hecho de que agentes internacionales investiguen la corrupción y penetración de grupos paralelos de poder en estructuras del estado. La comisión contra la impunidad fue creada por un acuerdo del gobierno y la ONU para enfrentar la acción del crimen organizado enquistado en instituciones gubernamentales, en particular en los órganos de seguridad. Sus defensores argumentan que sólo un aparato independiente tiene capacidad para realizar esta labor, cuyas conclusiones serán entregadas al Ministerio Público para las acciones legales correspondientes.

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