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¿Terminará el negocio con la venta de niños pobres en Guatemala?

Por Oscar René Oliva, agencia ACAN–EFE. Desde ciudad Guatemala. | 15 de Diciembre de 2007 a las 00:00
La Ley de Adopciones aprobada esta semana por el Congreso de Guatemala pone fin a un millonario negocio que beneficia a abogados, escribanos y a una red de mafiosos dedicados a buscar mujeres de escasos recursos para que den sus hijos en adopción. La normativa, que viene a cumplir con requisitos del Convenio de La Haya en materia de protección de la niñez, cobra vigencia el próximo 31 de diciembre, y deja al margen las denominadas adopciones "notariales" que realizaban los abogados y escribanos. Dirigentes del Movimiento de Derechos Humanos de la Niñez calificaron, en declaraciones a Acan-Efe, de "positiva" la aprobación de la Ley, "porque los niños dejarán de ser un producto de exportación", que dejan al año unos 200 millones de dólares en ganancia a las mafias. El mercado de adopciones en Guatemala tiene por detrás una gran red que involucra a abogados, escribanos o notarios y "captadores", que convencen a jóvenes madres y mujeres de pocos ingresos a dar sus hijos en adopción. Muchas de las madres, en su mayoría solteras, aceptan las propuestas a cambio de dinero o por asistencia de salud. Según el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Casa Alianza, el 97 por ciento de las adopciones son realizadas en Guatemala a través de escribanos que actúan sin ninguna supervisión. El procedimiento de adopción todavía vigente permite a cualquier abogado presentar la solicitud ante la Procuraduría General de la Nación (PGN), que evalúa los documentos de los involucrados. Son los juzgados de menores los que autorizan la adopción, tras analizar la información provista, que incluye pruebas de ADN de los padres biológicos del menor y su consentimiento con el proceso. Se incluyen datos de la familia que solicita la adopción y su situación económica y su "compromiso" de que el niño no será utilizado para el trasplante de órganos. Por cada una de esas adopciones, los abogados cobran unos 25.000 dólares, "un gran negocio", según comentó a Acan-Efe Haroldo Oquendo, de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil, que respalda la nueva Ley, que entrará en vigencia el próximo enero. "La Ley de Adopción viene a dignificar a la niñez", sostuvo un dirigente de Casa Alianza, organización regional privada de atención a la niñez. La nueva norma prohíbe lucrar durante los procesos de adopción, de forma directa o través de instituciones y establece la figura del juez de la Niñez y Adolescencia que, a través de una declaración judicial, deberá determinar la adopción luego de un proceso que examine los aspectos sociales, psicológicos y médicos de un niño y de verificar la imposibilidad de reunificarlo con su familia. Además establece que la situación de pobreza o extrema pobreza de los padres no constituye motivo suficiente para dar en adopción a un niño y que el adoptado no perderá la nacionalidad guatemalteca. La Procuraduría General de la Nación explicó que todos las solicitudes de adopción que se presenten antes de que cobre vigencia la nueva norma serán tramitados por la institución, pero los interesados tendrán que inscribir al menor ante el Consejo Nacional de Adopciones (CNA), creado por esta Ley. El CNA, que estará integrado por un miembro de la Corte Suprema, otro de la Cancillería y uno más de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, será, a partir de enero próximo, el responsable de la aprobación de los potenciales padres adoptivos. Al respecto, Enrique Urízar, de la Asociación de Defensores de las Adopciones, que rechaza la Ley, sostiene que la legislación dejará a unos 1.500 niños "a la deriva", porque las instituciones estatales no están en capacidad de atenderlos. El Procurador General de la Nación, Mario Gordillo, señaló que la Ley establece más controles, que redundarán en la reducción de las solicitudes de adopciones, la mayoría de las cuales han sido para familias estadounidenses. El Estado, según la normativa, tendrá la obligación de proteger y tutelar a los niños y adolescentes en proceso de adopción. Según datos de la PGN, en el 2006, unos 4.837 niños guatemaltecos fueron concedidos en adopción a familias extranjeras, un 10 por ciento más que en 2005. Mientras que en entre enero y el 3 de diciembre último se habían autorizado 5.110 adopciones, 5.000 de ellas a familia de Estados Unidos. La Procuraduría General tiene que resolver al menos unos 1.900 expedientes de adopción que tiene en trámite antes de la entrada en vigencia de la Ley, el próximo 31 de diciembre.

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