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Óscar Berger y organismo judicial coinciden en restringir acceso a armas

Agencia ACAN-EFE. Desde Ciudad Guatemala. | 18 de Diciembre de 2007 a las 00:00
El presidente de Guatemala, Óscar Berger, y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Óscar Vásquez, coincidieron este martes en la necesidad de realizar una reforma a la Constitución para restringir el acceso a las armas. El jefe de Estado comentó que la tragedia de Guatemala es la cultura de violencia, que está relacionada con el porte y uso de armas de fuego. Berger y Vásquez participaron este martes en un acto en las afueras de la CSJ, donde fueron destruidas más de 2.000 armas que fueron incautadas por las fuerzas de seguridad en los últimos operativos. Durante el acto, el jefe de Estado comentó que la tragedia de Guatemala “es la cultura de violencia”, que está relacionada con el porte y uso de armas de fuego. A juicio del mandatario, es necesaria una reforma constitucional para limitar a la población civil tener acceso al armamento. En Guatemala, según el Centro Internacional de Investigación en Derechos Humanos (CIIDH), existen 1,5 millones de armas ilegales en manos de civiles. Berger, quien el próximo 14 de enero entregará la Presidencia, dijo que el único camino para combatir la violencia es apartando de las armas a la población y no sólo destruir el armamento incautado. Según el dignatario, si no se lograr una regularización para prohibir que la población civil tenga acceso a las armas, la sociedad seguirá teniendo cada año actos simbólicos de destrucción de armamento. Por su parte, el presidente de la CSJ también manifestó que es fundamental que se restrinja el acceso y posesión de armas de fuego, las que a su criterio sólo deben de estar en poder de las fuerzas de seguridad. La ley de armas y municiones que se encuentra congelada en el Congreso desde hace unos cuatro años debe ser discutida y aprobada para impedir que las personas que tienen licencia no puedan comprar 240 municiones diarias, según el dirigente del CIIDH, Orlando Blanco. Berger hizo un llamado a las empresas que tienen capacidad económica para pagar seguridad privada que lo hagan de igual forma con el Estado, para fortalecer y mejorar los aparatos de seguridad pública.

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