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Presidente hondureño oficializa cierre de cárcel en San Pedro Sula

Tegucigalpa. Agencia PL | 16 de Octubre de 2017 a las 10:25

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, oficializó este lunes el cierre de la Penitenciaría Nacional de San Pedro Sula (norte), la segunda más grande de la nación, tras completarse el traslado de los últimos reclusos.

Mandarria en mano, junto a pobladores y autoridades municipales, Hernández dio los primeros golpes al edificio, que será demolido para dar paso a la construcción de un proyecto comunitario en la capital industrial de Honduras.

'En el pasado quedó el centro penal que tanto daño hizo al país, iniciamos una era de esperanza y paz para San Pedro Sula y Honduras', afirmó el mandatario a través de su cuenta oficial en la red Twitter.

El viernes el gobierno desalojó la prisión con el traslado de más de 941 reos, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, a distintas cárceles del país.

Construido hace más de 60 años, para albergar a 800 internos, la prisión sampedrana llegó a tener una población penal hasta un 500 por ciento más grande que su capacidad real, en un claro ejemplo del hacinamiento presente en las cárceles hondureñas.

Esa, entre otras razones, provocó que en las últimas décadas ese centro penal fuera más un problema que una solución, al estar dominado dentro sus viejas paredes por la ingobernabilidad y la corrupción.

Los pobladores del barrio Las Palmas, contiguo al recinto, vivían presas del miedo a ser alcanzados por los tiroteos en el interior que provocaron decenas de fallecidos o hechos violentos como el incendio que en 2004 causó la muerte de 107 integrantes de la Mara Salvatrucha.

Precisamente, la presencia de miembros de esta y otras bandas delincuenciales como la pandilla Barrio 18 motivó que hace un año las autoridades comenzaran el traslado de reclusos a las cárceles de máxima seguridad de Ilama y Morocelí, más conocidas como El Pozo y El Pozo II.

La medida se inscribió en el reordenamiento del sistema penitenciario instruido por el presidente Hernández para elevar la seguridad e impedir que los jefes pandilleros ejerzan el control de las prisiones y ordenen desde ellas la ejecución de asesinatos y otros delitos.

La nación centroamericana cuenta actualmente con unas 30 cárceles, en las que permanecen recluidos alrededor de 20 mil privados de libertad, según los datos del Instituto Nacional Penitenciario.


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