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Exigen al presidente Solís destituir a involucrados en sonado de corrupción

San José. Agencia EFE | 25 de Octubre de 2017 a las 12:48

El sector empresarial exigió al presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, destituir a los funcionarios involucrados en el caso de supuesto tráfico de influencias conocido como “El cementazo”.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) y las 50 cámaras que la conforman emitieron un pronunciamiento en el que exigieron claridad en las investigaciones y “llegar a las últimas consecuencias”, ya que “de ninguna manera este tema, debe quedar impune”.

Entre los funcionarios mencionados se encuentra el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, por su supuesta ayuda en la agilización en el proceso de aduanas para la importación de cemento.

El sindicato empresarial pidió también aclarar si el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, intervino en este asunto. El funcionario comparecerá el viernes ante la Comisión legislativa que investiga el tema.

“El grado de involucramiento que hasta ahora se conoce mantuvo el viceministro Rodríguez con la importación del cemento chino y su agilización en el proceso de aduanas es una razón de peso para su destitución (…) “, expresó el presidente de Uccaep, Franco Arturo Pacheco, en una conferencia de prensa.

El empresario añadió que “preocupa” que el nombre de Mariano Figueres “ha salido a relucir, en este y otros casos”, pues se trata de “una persona de confianza del mandatario y con información de seguridad”

“El cementazo” es un complejo caso que investiga el Congreso y que ha sido revelado por la prensa local, en el que supuestamente el empresario Juan Carlos Bolaños fue beneficiado con modificaciones de reglamentos y créditos del estatal Banco de Costa Rica (BCR) en condiciones irregulares para la importación de cemento desde China.

“Esta situación pareciera reflejar una nefasta influencia política e indebida intervención de funcionarios públicos en negocios bancarios, con lo que comprometen la gestión de esa importante entidad financiera estatal”, indicó la Uccaep en su pronunciamiento.

Por este caso fueron suspendidos por tres meses el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, así como el fiscal general, Jorge Chavarría, ambos por supuesto tráfico de influencias al desestimar el proceso.

El caso plantea aparentes relaciones cercanas entre el empresario Bolaños y diputados, exministros y funcionarios del Gobierno del presidente costarricense, Luis Guillermo Solís, el magistrado Gamboa, altos dirigentes de diversos partidos políticos y trabajadores bancarios.

Bolaños recibió créditos de varios bancos estatales, pero el más polémico es uno de 30 millones de dólares otorgado por el Banco de Costa Rica (BCR) en condiciones irregulares relacionadas a los desembolsos y al utilizar cemento como parte de la garantía.

Solís, quien suspendió a inicios de octubre a la Junta Directiva del BCR, compareció ante una comisión investigadora del Congreso el pasado 4 de septiembre para dar explicaciones sobre una reunión que sostuvo con Bolaños y otras seis visitas que el empresario realizó a la Casa Presidencial para reunirse con funcionarios del Gobierno.

El Gobierno de Solís aplicó cambios a reglamentos del Ministerio de Economía, Industria y Comercio para flexibilizar los requisitos para la importación de cemento.

El presidente ha afirmado que los cambios se efectuaron para romper el duopolio de las empresas Cemex y Holcim y beneficiar a los consumidores.


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