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General genocida deja el hospital, ya no será juzgado en España

Agencia ACAN-EFE. Desde Ciudad Guatemala. | 24 de Diciembre de 2007 a las 00:00
Un general guatemalteco que era reclamado por España por genocidio, abandonó este lunes el hospital donde estaba recluido desde noviembre de 2006, al recobrar su libertad por quedar sin efecto su captura con fines de extradición. Se trata del general retirado Ángel Aníbal Guevara, quien en noviembre de 2006 se entregó a la justicia guatemalteca al tener conocimiento sobre una orden de captura solicitada por la Audiencia Nacional de España (ANE) para ser juzgado por delitos de lesa humanidad. Guevara abandonó el Hospital Militar, donde estaba recluido, en las últimas horas. Mientras que el coronel Germán Chupina, quien también fue detenido en noviembre del año pasado por los mismos delitos que Guevara, permanece recluido en ese centro desde 2006, dijeron este lunes a Acan-Efe fuentes militares. Chupina, quien fue director de la desaparecida Policía Nacional (PN), ya está en libertad, pero tiene problemas de salud y depende de su médico el darle de alta, explicaron las fuentes, que evitaron dar a conocer la enfermedad que padece porque es “confidencial”. Los dos militares recobraron su libertad al ser beneficiados con una resolución, de la semana pasada, de la Corte de Constitucionalidad (CC), que rechazó la competencia de la ANE para juzgar a guatemaltecos. Esa resolución también benefició a los generales retirados José Efraín Ríos Montt, Oscar Mejía y Benedicto Girón, y los civiles Pedro García y Donaldo Alvarez. Los cinco militares y los dos civiles habían sido querellados por la premio Nóbel de la Paz de 1992, Rigoberta Menchú, ante la ANE por genocidio en 1999, al no encontrar justicia en Guatemala. La resolución de la CC ha sido criticada por activistas y organizaciones humanitarias guatemaltecas e internacionales, que denuncian la impunidad en este país centroamericano. Menchú dijo recientemente que continuará su lucha para que los crímenes de genocidio y de lesa humanidad sean juzgados y no queden en la impunidad. Los cinco militares y los dos civiles eran reclamados por la ANE para ser juzgados por el incendio de la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980, en la que murieron 37 personas.

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