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Juez guatemalteco ordena declaraciones por genocidio

AFP. Desde Ciudad de Guatemala. | 29 de Enero de 2008 a las 00:00
Un juez penal guatemalteco resolvió este martes, a pedido de España, tomar declaraciones a 18 testigos y supuestos sindicados en la quema de la embajada española en Guatemala hace 28 años, un incidente que llevó a la suspensión de relaciones diplomáticas entre los dos países. Sin embargo, el juez Eduardo Cojulún resolvió que cinco ex jefes militares y dos civiles acusados de genocidio por los tribunales españoles, declararán en calidad de testigos y no de sindicados, debido a un fallo de la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país, que ha impedido investigarlos. "Esta judicatura conoce las diligencias de asistencia judicial provenientes del Juzgado Central de Instrucción Número Uno, Audiencia Nacional del Reino de España, para el cumplimiento de algunas diligencias en el territorio nacional, específicamente, declaraciones testimoniales", explica la resolución. Los cinco militares y dos civiles imputados en España son los ex dictadores Óscar Mejía (1983-85) y Efraín Ríos Montt (1982-1983), así como los generales Ángel Guevara, Germán Chupina y Benedicto Lucas, y los civiles Donaldo Álvarez y Pedro García. Otros once civiles, tenidos por el juzgado español como testigos, también serán indagados, precisó la autoridad guatemalteca. El 31 de enero de 1980, una unidad del ejército guatemalteco incendió la sede de la embajada de España, con la intención de desalojar a activistas de derechos humanos que se habían refugiado en la sede diplomática. El ataque dejó un saldo de 37 muertos, entre ellos tres diplomáticos españoles. El juez Cojulún explicó que tomó la decisión de indagar a los acusados en calidad de testigos porque el pasado 12 de diciembre la Corte de Constitucionalidad emitió un fallo rechazando la jurisdicción de las cortes españolas. Ante esa resolución, la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, accionó el 17 de enero contra los cinco magistrados que dictaminaron a favor de los supuestos implicados en el incendio. Menchú, que inició la demanda en España en diciembre de 1999, presentó la acción al considerar que el fallo impide investigar el incendio y los crímenes contra la humanidad cometidos durante la guerra civil (1960-1996), que dejó 200,000 muertos o desaparecidos. Derivado de la resolución, el juez español Santiago Pedraz renunció el 16 de enero a seguir con las investigaciones en Guatemala, pero dejó abierto el caso y las órdenes de captura. Este martes, organizaciones de derechos humanos anunciaron foros, protestas y una vigilia para conmemorar la quema de la embajada de España, la cual se hará en medio del rechazo a la resolución de la Corte Constitucional, la cual consideran que alimenta la impunidad. "Con la resolución ahora Guatemala es vista como un país paria porque no respeta los tratados internacionales que firma, además condena el futuro del país porque la impunidad es la fórmula correcta para la repetición", afirmó el dirigente de derechos humanos Julio Solórzano.

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